Paraguay tiene un Estado pobre que gasta como rico. A ver si nos entendemos. Durante una audiencia pública en el Congreso se buscó justificar la composición actual del gasto público diciendo que las críticas hacia la gestión del Estado se componen de medias verdades, muchos prejuicios y mala calidad de información.
Según uno de los senadores participantes, los 306.000 funcionarios públicos existentes sólo significan el 10% de la población económicamente activa (PEA) señalando que hay países con una relación mayor. Eso es cierto. Sólo que, para usar uno de los argumentos de la audiencia, esa es una parte de la verdad.
En Uruguay, una economía bastante parecida a la nuestra, el 16% de la PEA está en la función pública. Pero hay que sacarle punta al lápiz. Mientras en el Paraguay el gasto público equivale al 19,3% del producto interno bruto (PIB), en Uruguay esa relación sube al 33,2%. Eso significa un gasto de € 4.900 per cápita mientras en el Paraguay esa cifra es de € 956. Otra vez, eso no es todo.
La cuestión es cómo se gasta ese dinero. Mientras nuestros socios orientales del Mercosur dedican € 1.000 anuales per cápita a salud y € 750 a educación, esas cifras caen en el Paraguay a € 153 y € 163, respectivamente. ¿Cómo hacen ellos para gastar entre seis y siete veces más que nosotros en ambos conceptos? Probemos una comparación.
El ordenador presupuestario uruguayo otorga a un “profesional/técnico altamente especializado” un sueldo de 94.530 pesos, es decir, unos Gs. 15.600.000. Aquí, un director cualquiera del Congreso puede hasta duplicar esa cifra.
Los uruguayos no hacen magia ni ejercen la prestidigitación. Lo que sí hacen es darle un orden al gasto público y unos criterios básicos de prelación.
Es evidente que no derrochan tanto como nosotros y que emplean mejor los recursos siempre escasos del gasto público. Con un PIB apenas un 40% mayor que el nuestro, han logrado darle equilibrio a las cuentas del Estado con un orden de prioridad que honra la calidad del gasto enderezado a dos servicios esenciales que dan sentido a la existencia del Estado: salud y educación.
Un ejemplo a tener en cuenta. Y dejemos a un lado Argentina, que antes de la pandemia ya tenía colgados del tesoro público a 19.500.000 ciudadanos. Un modelo a todas luces inviable.
