Hace apenas 15 días, la viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia dio cuenta de un operativo en cárceles del país que calificó de positivo y que permitió a los intervinientes secuestrar un supuesto plan de fuga de elementos del PCC, el poderoso cartel mafioso brasileño que tiene unos 300 elementos presos en distintos establecimientos penitenciarios. “Tenemos todo un equipo de inteligencia que está trabajando con el resultado del operativo, que podemos considerar exitoso” se jactaba la funcionaria.
Quince días después le arrebatan al sistema en sus narices a Jorge “Samura” Samudio, integrante del peligrosísimo Comando Vermelho, una organización narcotraficante rankeada como la más poderosa del Brasil. El rescate de Samura tuvo todos los ribetes de violencia calculada para producir terror en el teatro de operaciones y evitar cualquier interferencia, aunque más no fuere circunstancial, durante el episodio, que duró unos pocos minutos. La precisión con la que trabajó el escuadrón criminal habla de una posesión de información interna muy detallada y cronogramada de los traslados de reos a sede judicial.
Entonces, ¿Quién hace inteligencia a quién?
El Estado paraguayo tiene la bestia adentro y muy bien instalada. Es el cuarto jinete del Apocalipsis, la muerte montando un caballo pálido y con el infierno siguiéndolo. Cuando se pone en movimiento nada puede detenerlo. Lo estamos viendo frecuentemente en las masacres de presos con decapitaciones en los penales (algo nunca antes visto en el Paraguay), con ejecuciones rituales y operativos comando regados con sangre y rubricados con escapes cinematográficos.
No debe ser fácil estar en el poder, o ejercer un cargo clave en el Gobierno, y tener que convivir con las formas más depuradas e implacables de la criminalidad. Las amenazas de muerte –en especial las que se centran en la familia- y las diversas formas de extorsión deben ser moneda corriente. De eso no hay duda alguna. Por eso mismo la estructura de inteligencia, prevención y represión del delito organizado debe estar en manos altamente especializadas, no sólo en quienes apenas cuentan con la maquinaria de represión.
Porque en sus manos están la seguridad pública, la vida de las personas y, sobre todo, la convivencia civilizada que hace vivible una sociedad.
