El decreto 3537 del sábado 18 de abril es claro y no deja lugar a dudas. Dice, a la letra: “Extiéndase el aislamiento preventivo general desde el 20 al 26 de abril de 2020, y en consecuencia, restringir totalmente el tránsito de personas y vehículos en ese lapso…”. Y a continuación enumera las excepciones establecidas para dicha regla general. En ninguno de sus 14 items figura el transporte colectivo de pasajeros. Por lo tanto, el señor Cesar Ruiz Díaz, presidente de CETRAPAM, confunde deliberadamente a la ciudadanía al calificar el servicio de pasajeros como “imprescindible”. Una de dos: o no leyó el decreto o le importa un comino lo que dispone.
Su anuncio de que el servicio va a continuar es una provocación directa al poder. Y una de las peores, porque apunta directamente a exacerbar la desesperación de centenares de miles de paraguayos que, alcanzados de lleno por el aislamiento preventivo, ven constreñidos sus movimientos. Si la gente ve circular colectivos, lo más lógico es que deduzca que las restricciones se han distendido.
El señor Ruiz Díaz ataca el fundamento de la única arma con que cuenta el Gobierno para controlar la expansión de la epidemia. Por lo tanto, si la circulación de ómnibus comienza a intensificarse, recaerá sobre él -sobre el presidente de CETRAPAM- la responsabilidad de cualquier disparada del índice de contagios.
El Sr. Ruiz Díaz está jugando con fuego y es bueno que lo sepa. No es hora de mensajes sibilinos, formulados a medias con el miserable sistema de “no dije tal cosa”, “fue mala comunicación” o el más remanido: “los periodistas tergiversan todo”. Sus dichos pueden generar una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles.
Por otra parte, solucionar el problema salarial del sector transporte público es un problema menor para el Gobierno. ¿Cuántos buses operan dentro del área metropolitana? ¿1.800, 2.000? Exagerando el cálculo, habría un máximo de 5.000 choferes operándolos. Con los vehículos en parque cerrado, habría que sostener 5.000 salarios a razón de 50% los propietarios y 50% el Estado. Con eso alcanza para que nadie deje de cobrar y se espere con calma el final de la cuarentena.
Como el escenario giró 180 grados y los transportistas no pueden amenazar con un paro -que ya existe- entonces recurren al otro extremo de la extorsión: operar a pleno, violando el decreto.
Criminal, inaceptable.
El Gobierno debe sentirse agraviado.
