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Torturas y corrupción: Las protagonistas del Paraguay

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El 2020 puso de manifiesto cómo muchos líderes responden a la peor crisis sanitaria de todas con negacionismo, oportunismo y desprecio por los derechos humanos.

En el reciente informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, se documenta cómo las mujeres, las personas refugiadas, migrantes, el personal sanitario insuficientemente protegido, los pueblos indígenas y otros grupos históricamente olvidados, han soportado los peores efectos de la pandemia.

En el apartado dedicado a Paraguay, el informe reveló varios aspectos preocupantes sobre todo en el ámbito de la salud, pues el personal sanitario denunció la carencia de suficientes equipos de protección individual y condiciones laborales adecuadas que les permitieran trabajar en un entorno seguro.

En abril, las autoridades ubicaron a miles de personas, en su mayoría de nacionalidad paraguaya que regresaban tras haber perdido el empleo informal que tenían en Brasil, en centros de cuarentena obligatoria gestionados por el gobierno. 

Desde un principio, generaron preocupación las denuncias de condiciones inadecuadas, como la falta de información fiable sobre los procedimientos, la deficiente dotación de personal, la escasez de suministros médicos y la insuficiente alimentación. 

“El sistema de salud era precario y estaba mal preparado para abordar el Covid-19 y otras enfermedades. Al concluir el año se estaban investigando varias denuncias de corrupción relacionadas con la compra pública de suministros médicos”.

Asimismo, Amnistía Internacional señaló que entre marzo y junio, las autoridades desplegaron a 24.000 agentes de policía y al menos a 3.000 efectivos militares para, entre otras cosas, hacer cumplir el confinamiento asociado al Covid-19 y patrullar las fronteras, en la que hubo varias denuncias de malos tratos y castigos humillantes o degradantes infligidos por miembros de las fuerzas de seguridad en la aplicación de las medidas de confinamiento.

“Los días 15 y 16 de julio, una operación militar en Ciudad del Este concebida para hacer cumplir las medidas de confinamiento provocó un tiroteo en el que murió un miembro de la Armada. Una operación posterior, al parecer como represalia por la muerte del marino, dio lugar a la detención de 35 personas y denuncias de tortura y otros malos tratos en una base naval”. 

Las autoridades abrieron una investigación sobre el incidente, pero ningún funcionario había sido acusado al concluir el año.

Los pueblos indígenas siguen siendo ignorados en las políticas públicas, al igual que su derecho al territorio. Los niños, niñas y adolescentes continúan encontrando obstáculos para acceder a sus derechos, como el derecho a recibir del Estado protección frente a los abusos sexuales y acceso a una educación sexual integral. 

“Ni la legislación contra la discriminación ni las denuncias penales por el trato dispensado a personas LGBTI presentaron avances durante el año. Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguen careciendo de mecanismos oficiales de protección”, acotó el documento de Amnistía Internacional.

Durante la pandemia, las autoridades no aplicaron medidas suficientes y culturalmente pertinentes en favor de los pueblos indígenas. Tampoco mitigaron de manera integral la falta de acceso de estos pueblos a alimentos, agua y medicinas.

Finalmente, las acciones penales relativas a las agresiones cometidas contra personas LGBTI durante una marcha del Orgullo de 2019 en la ciudad de Hernandarias no avanzaron durante el año. 

La Municipalidad de Hernandarias había prohibido la marcha por ser contraria a la “moral pública”. Tampoco se observaron avances en la acción de inconstitucionalidad contra esta decisión ni contra la que declaraba a la ciudad como “pro vida y pro familia”, ambas de la municipalidad de Hernandarias, que Amnistía Internacional había presentado en octubre de 2019.

EL ESTADO DEBE ABRIR LOS OJOS

La presidenta de Amnistía Internacional Paraguay, María Teresa Añazco, expresó que los pueblos indígenas fueron de los grupos más vulnerados por la falta de alimentación, el acceso a la salud y el escaso apoyo por parte del Estado.

Además, se mostró una vez más el deficiente sistema que hace imposible llevar adelante la efectiva salud pública para todos los paraguayos. Algo positivo que rescató la presidenta fue la matriculación de la abogada trans Kymberly Ayala, luego de años de denegación de sus derechos.

“Paraguay necesita más gente comprometida por luchar por los derechos humanos, que el Gobierno abra los ojos y vea la problemática que le rodea, necesitamos que tome la posta de la defensa de los derechos humanos y que deje de lado situaciones mezquinas, políticas y particulares”, destacó.

Añazco refirió que se debe seguir luchando por los derechos humanos, buscando un país más justo para todos.  

“Instamos a todas las autoridades a que tengan en cuenta que el pueblo que los votó hace tiempo está padeciendo y que sientan empatía con la gente que pasa calamidades”, concluyó la presidenta de Amnistía Internacional Paraguay.

Foto quitada de la página del Centro de Documentación y Estudios (CDE)