En un reciente testimonio ante el Congreso, un funcionario bromeó diciendo que él no era ni “meteorólogo ni científico del clima”.
Deberían repensar el tema. Cuando no actúan, los reguladores dejan al país expuesto a una devastadora crisis.
Las instituciones financieras, desde bancos hasta aseguradoras y gestoras de fondos, se enfrentan a riesgos relacionados con el clima que van mucho más allá del tema de responsabilidad social. De una manera u otra, ya sea a través de desastres naturales y migración forzada o medidas decisivas para cambiar el uso de la energía, podrían terminar enfrentándose a pérdidas acumulativas de billones de dólares. Podrían surgir bajo la forma de hipotecas sin pagar en áreas inundadas, decepcionantes inversiones en regiones que se han vuelto inhabitables o préstamos inciertos a centrales eléctricas de carbón que ya no operan.
Peor aun, el sector financiero agrava el problema al facilitar capital a las industrias que lideran el cambio climático. En los últimos tres años únicamente, los seis bancos más grandes de EE.UU. entregaron más de US$700.000 millones en financiamiento a la industria de combustible fósil. A 2016, las grandes aseguradoras tenían US$528.000 millones en dichas inversiones, incluido el carbón, petróleo, gas y servicios relacionados. Aunque algunos intermediarios financieros han reducido sus exposiciones a los sectores con uso intensivo de carbón, las gestoras de fondos más grandes aumentaron sus posiciones en 20% de 2016 a 2018; las tres mayores gestoras de fondos lideran las titularidades de inversiones en carbón.
Esta disposición para financiar actividades de uso intensivo de carbón, sin considerar las consecuencias a más largo plazo, compromete el objetivo de lograr cero emisiones netas de gas de efecto invernadero. El mundo nunca va a reducir la brecha de producción, la disparidad entre energía producida por combustible fósil y energía limpia, si no abarca la brecha de financiamiento entre estas respectivas industrias. En una estimación, cerca de US$200.000 millones en capital deben ser reasignados en cada uno de los próximos 40 años solo para limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius — el escenario definido en el Acuerdo de París.
