La FGE malversa etapas previas en la lucha contra el lavado de activos
La evaluación obtenida hasta ahora por el país dentro del procedimiento instaurado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) no es menor. La casi totalidad de las instituciones estudiadas hasta ahora obtuvieron una calificación de media a alta en el compromiso de detectar, prevenir y reprimir en forma eficiente los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El porcentaje favorable alcanza el 93% de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, categorías que integran una vasta gama de instituciones gubernamentales y de organizaciones del sector privado incluyendo bancos, financieras, cooperativas, sociedades de inversión, etc.
¿Por qué, entonces, queda flotando es regusto a insuficiente? El resultado total obtenido hasta ahora revive la vieja parábola del vaso medio lleno o medio vacío.
Los optimistas invitan a verlo medio lleno, porque cada vez está más cerca la meta idealizada.
Los pesimistas verán, en cambio, el vaso medio vacío porque el tramo faltante es el principal.
Corre por cuenta del lector elegir la opción que mejor le cuadre. Nosotros tomaremos un punto objetivo que sobresale en esta cuarta ronda de evaluación de GAFILAT y que es el Poder Judicial, con énfasis en el Ministerio Público, que ha mostrado un bajo nivel de efectividad en la lucha contra el lavado de activos. De los 748 reportes de operaciones sospechosas remitidos en cuatro años por Seprelad a la justicia, apenas 28 terminaron en sentencia. Ese 3,7% de efectividad en el proceso final de casos revela que por por muy bien que funcione la cadena de detección y reporte de operaciones sospechosas, de poco sirve su efectividad si la estación final a cargo de la justicia funciona como un freezer que todo lo paraliza.
La lucha contra delitos de alto perfil enfrenta dos enemigos mortales: la corrupción y su hijo putativo, la impunidad. Para que el país alcance un nivel irreprochable en su compromiso de enfrentar con eficacia las conductas delictivas, tendrá que decidirse a barrer ese auténtico establo de Augías que aún se agazapa en sectores claves de la justicia. En esta tarea, el Poder Legislativo es un jugador insustituible. Y hasta ahora, en la impresentable tragicomedia de la Fiscalía General del Estado, no ha hecho otra cosa que consolidar la impunidad.
Nos falta un esfuerzo final.
A medias, toda faena es inservible.
