La ofensiva binacional busca debilitar las finanzas del narcotráfico mediante operativos en Amambay, reforzando cooperación, seguridad regional y gobernabilidad institucional.
La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) puso en marcha la Operación Nueva Alianza 56, un amplio operativo conjunto con la Policía Federal del Brasil, destinado a destruir cultivos ilícitos, campamentos y centros de procesamiento de marihuana en Amambay. La intervención, que se extenderá por al menos dos semanas, busca afectar directamente la estructura económica de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.
¿En qué consiste la Operación Nueva Alianza 56?
La nueva edición de la Operación Nueva Alianza moviliza a las Fuerzas Especiales y Agentes Especiales Antidrogas de la SENAD, con apoyo aéreo de la Policía Federal del Brasil y de la Fuerza Aérea Paraguaya, además del respaldo táctico del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
Las acciones cuentan con el acompañamiento del agente fiscal Celso Morales, del Ministerio Público, quien supervisa los procedimientos desarrollados en el departamento de Amambay, especialmente en las zonas rurales cercanas a Pedro Juan Caballero, identificadas previamente mediante tareas de inteligencia como importantes centros de producción de marihuana.
El operativo combina incursiones aéreas y terrestres para localizar y destruir cultivos ilícitos, campamentos clandestinos y toda la infraestructura utilizada por las organizaciones criminales para sostener la cadena de producción y distribución de drogas.
¿Por qué Brasil es un socio estratégico en esta operación?
La operación se desarrolla bajo el convenio de cooperación vigente entre la SENAD y la Policía Federal del Brasil, basado en el principio de responsabilidad compartida frente al crimen organizado transnacional.
De acuerdo con datos manejados por las autoridades antidrogas, más del 80% de la marihuana cultivada en Paraguay tiene como destino el mercado ilegal brasileño, situación que convierte a Brasil en uno de los principales actores interesados en reducir la producción de droga desde territorio paraguayo.
La coordinación entre ambos países busca fortalecer el intercambio de inteligencia, optimizar recursos operativos y aumentar la capacidad de respuesta frente a organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.
Esta cooperación también responde a una estrategia regional para enfrentar redes delictivas que diversifican sus actividades hacia el lavado de dinero, el tráfico de armas y otros delitos asociados al crimen organizado.
¿Qué impacto económico buscan generar las autoridades?
Más allá del volumen de droga que pueda ser destruido, el principal objetivo estratégico consiste en afectar la capacidad financiera de las organizaciones criminales.
La eliminación de cultivos ilícitos representa la pérdida de inversiones realizadas por las estructuras narcotraficantes en semillas, logística, procesamiento, transporte y mano de obra destinada a la producción ilegal.
Las autoridades sostienen que la destrucción sistemática de esta infraestructura genera un perjuicio económico millonario para los grupos criminales, reduciendo su capacidad de reinvertir recursos en nuevas plantaciones o expandir sus operaciones hacia otras zonas del país.
Entre los objetivos operativos figuran:
- Destruir plantaciones de marihuana.
- Eliminar campamentos y centros de procesamiento.
- Desmantelar infraestructura utilizada por organizaciones criminales.
- Reducir la capacidad financiera de redes narcotraficantes.
- Fortalecer la cooperación binacional entre Paraguay y Brasil.
Desde una perspectiva institucional, estas acciones también buscan limitar el flujo de recursos ilícitos que pueden alimentar otros delitos relacionados con el crimen organizado.
¿Qué representa Nueva Alianza para la cooperación regional?
La Operación Nueva Alianza es considerada una de las iniciativas de cooperación antidrogas más importantes entre Paraguay y Brasil y ha sido presentada por las autoridades como uno de los mayores programas de erradicación de cultivos ilícitos a nivel internacional.
Cada edición incorpora información obtenida mediante inteligencia criminal, imágenes aéreas y coordinación entre organismos de seguridad, permitiendo concentrar los operativos en zonas donde la producción ilegal mantiene mayor intensidad.
La continuidad del programa refleja la consolidación de mecanismos binacionales orientados a enfrentar amenazas transnacionales que exceden las capacidades de un solo Estado.
En paralelo, estas acciones fortalecen la coordinación entre instituciones de seguridad, el Ministerio Público y organismos de defensa, consolidando una respuesta conjunta frente a estructuras criminales cada vez más sofisticadas.
¿Cómo influye esta ofensiva en la seguridad y la gobernabilidad?
La lucha contra el narcotráfico trasciende la destrucción de cultivos ilícitos y forma parte de una estrategia vinculada a la seguridad jurídica, la gobernabilidad y la estabilidad institucional.
Reducir la capacidad económica de las organizaciones criminales contribuye a disminuir los recursos destinados a expandir redes ilegales que afectan la seguridad pública, la economía formal y el control territorial en zonas fronterizas.
Asimismo, la cooperación sostenida entre Paraguay y Brasil fortalece la imagen del país en materia de combate al crimen organizado, un aspecto observado por organismos internacionales y actores vinculados a la inversión, la cooperación regional y la seguridad transfronteriza.
Periodista Senior