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La incansable lucha por un pedazo de tierra

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“Toda la prensa mediatiza la violencia ejercida por los indígenas hacia los policías, pero ninguno habla de los desalojos aún más violentos realizados a cientos de comunidades que son obligadas a dejar sus tierras”, había expresado un usuario de twitter recientemente. A través de esa expresión queda al desnudo de una manera muy simple el condicionamiento social para ofenderse por agresiones ejercidas a grupos específicos.

La aprobación parlamentaria de la ley que criminaliza la invasión de inmuebles constituyó la cachetada suficiente que necesitaban los pueblos indígenas para exigir el reconocimiento de su autonomía y derechos por sus tierras ancestrales. Si bien la oleada de violencia registrada hace días no tiene un justificativo suficiente, ¿en verdad podemos culpar a un grupo de nativos que piden la devolución de sus tierras arrancadas ilegalmente?

De acuerdo a una investigación actualizada al 2018 y realizada por Rodrigo Villagra, presidente e investigador de la Organización Tierraviva, de los datos del Censo Indígena Nacional III hecho por la Institución Nacional de Estadísticas, de 520 comunidades indígenas, 135 no cuentan con tierra propia, representando así el 26%, lo que equivale a 1 de cada 4.

“La población indígena en general se encuentra con una brecha muy amplia, el 70% se encuentran en pobreza absoluta, mientras el resto está en pobreza extrema. Así también, de cada 3, al menos 1 se encuentra invadida o afectada por el uso ilegítimo de los recursos naturales de sus tierras, bosques y suelos para el cultivo de agronegocios”, destacó Villagra.

El investigador añadió que la segregación se encuentra tan internalizada que el propio Ministerio de Obras Públicas pasa por encima de estas comunidades, sin pedir permiso ni pagar indemnización a los pueblos indígenas afectados. De esta manera, Villagra habla de una discriminación estructural para los nativos a partir de la ausencia del Estado y también por el uso de la violencia institucional de la policía y la fiscalía para cerrar la posibilidad de mediación de conflictos.

En cuanto al derecho que tienen los indígenas en la posesión de sus tierras, resulta necesario mencionar que esto queda plenamente garantizado en el Artículo 64, de la Constitución Nacional, el cual menciona que el Estado les proveerá gratuitamente de las tierras, que serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas.

Asimismo, estarán exentas de tributo y se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.

“Existe una violación expresa a ese principio. Ahora hay un montón de pueblos indígenas sin título de propiedad, lo que posibilita la violación de sus derechos hacia sus tierras. Si nos ponemos a investigar, nunca vamos a encontrar ningún sojero o tercero procesado por invadir esas tierras de manera ilegal”, afirmó Villagra.

Así también, con la promulgación de la ley presentada en el parlamento, el investigador destacó que con eso existe una falta de voluntad para solucionar los reclamos de tierra de indígenas.

“Se pone una ley que es totalmente desproporcionada para los principios del código procesal penal; es incluso muy exagerada porque en nuestra propia constitución no figuran multas excesivas ni penas. Aquí solo se benefician propietarios específicos, no es para todos, sino para los que tienen tierras fiscales y se apropiaron de áreas similares”, acotó.

CRONOLOGÍA DE UNA INJUSTICIA
El 13 de mayo de 2021, una comitiva fiscal-policial desaloja de una finca con cultivo mecanizado a 85 familias Avá Guaraní, de la comunidad Cerrito de Minga Porã. Los indígenas reivindicaron el inmueble como parte de sus tierras ancestrales.

El 1 de junio de 2021, 80 familias Avá Guaraní, de la comunidad Yvy Porã, son desalojadas en la colonia Río Verde de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro. Las familias no tuvieron a dónde ir y quedaron a la completa intemperie.

El 9 de junio de 2021, familias Avá Guaraní, de la colonia Acaraymi de Hernandarias, Alto Paraná, son desalojadas de tierras que eran reclamadas como ancestrales. Los indígenas y una agroganadera mantienen un litigio por las tierras.

16 de junio de 2021, familias Avá Guaraní, de la comunidad Ka’a Poty, son desalojadas de sus tierras en Itakyry, Alto Paraná; los mismos denunciaron que los policías quemaron sus viviendas y la escuela. Esto se desarrolló pese a que la comunidad cuenta con el título de las tierras, adquiridas en 1996 por el Indi.

7 y 8 de julio de 2021, familias Avá Guaraní, de la comunidad Tekoha Ka’avusu, también de Itakyry, Alto Paraná, son desalojadas, mientras se queman las pertenencias de los mismos y se disparan balines de goma.

11 de julio de 2021, civiles armados atacan por tercera vez en el año al pueblo Paĩ Tavyterã y desalojan a 15 familias de sus tierras ancestrales en Amambay.

Cabe resaltar que todos los casos mencionados corresponden únicamente a este año, pero muchos casos más quedan aún por citar en todos los años anteriores.

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