Tomemos nota. Y lo repetiremos cada vez que sea necesario. Ya, ahora, antes de que la pandemia llegue a su paroxismo y comience su inevitable declinación, es preciso ponerse a trabajar sobre el papel jugado por los organismos del Estado que debieron trabajar tiempo completo para garantizar un correcto uso de los recursos públicos.
Comencemos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Es obvio que la primera definición que se autoasigna esta institución es letra muerta: “Regular, transparentar y optimizar el sistema de contrataciones públicas”. El festival de sobrefacturaciones y licitaciones direccionadas alcanza niveles escandalosos. Ya sea el caso PETROPAR, las licitaciones en el MEC y las más recientes maniobras en el MSP dan cuenta de que la DNCP es un organismo de adorno.
Esto es anterior a la pandemia, como este diario lo viene reportando regularmente. Y si el Gobierno no toma una decisión política, todo seguirá después de la pandemia. Contraloría General de la República, otro organismo de espinazo flexible e informes dibujados según la ocasión. El mandato constitucional que le asigna la misión de “proteger el patrimonio público, estableciendo las normas, los procedimientos requeridos y realizando periódicas
auditorías financieras, administrativas y operativas” se convierte en una broma de mal gusto.
La mayor parte de los “contraloreados” –intendencias, gobernaciones, entes autárquicos, etc.- se burlan del ente, lo “puentean” cuando les da la gana, le escamotean datos y, en no pocos casos, arreglan de común acuerdo las rendiciones de cuentas, informes de auditoría, etc.
Otro órgano igual de inútil es la Secretaría de la Función Pública, puerta sistemática a través de la cual deberían ingresar los aspirantes a un cargo en el Estado. Otro chiste. Las oficinas públicas rebosan de recomendados que cobran subidos salarios por hacer nada porque no hay una función específica que demande sus servicios. Sólo están allí para cobrar, rascarse todo el día consumiendo luz, aire acondicionado, telefonía celular y viáticos y rendir diezmo a sus padrinos políticos.
Saquen la cuenta: 30 planilleros colocados, a 5 millones de “aporte voluntario” de cada uno, son 150 millones al mes. ¿Qué cacique político necesita trabajar con semejante rebusque? El Estado no necesita una reforma.
Necesita una revolución. Y cuanto antes, mejor.
