Hubo un tiempo en que los sueldos de la administración pública, estrictamente categorizados, tenían un tope fijado por el salario del Presidente de la República. Así organizado el servicio público, nadie podía ganar más que el Primer Magistrado.
Ese equilibrio razonable hace rato se hizo trizas y hoy un oscuro chupatintas del Banco Central gana como un ministro y el “director” más ignoto de cualquiera de las binacionales tiene la renta de un CEO de transnacional.
Desde la apertura democrática no solo hemos alterado la racionalidad sino que hemos impuesto la más salvaje semántica administrativa que se pueda imaginar. Hoy impera una escala de remuneraciones con toda clase de categorías aceptadas sin pudor por los más encumbrados jerarcas de Gobierno.
Los funcionarios de Estado ganan un sueldo-base tres veces más alto que el promedio del salario en el sector privado. El Estado –en realidad el contribuyente- premia también a su funcionariado estrella con extras tales como ayuda vacacional, subsidio habitacional, complemento para educación –incluidas gruesas sumas para “hijos especiales”-, seguro médico VIP, horas extras diurnas y nocturnas, un complemento llamado “anuenio” o antigüedad, viáticos, bonificación por responsabilidad, promedio de remuneración extraordinaria, trabajo insalubre, ayuda alimenticia por doble jornada, desarraigo, gastos de representación, otros beneficios laborales (como si
faltaran), mayor costo de vida, adicional por peligrosidad…
Y sigue una larga lista.
Estos ítems salariales están sacados de las planillas oficiales de la Administración Pública central, entes autárquicos y binacionales. La consigna es: si la categoría o el item salarial no existe, se lo inventa. Es una verdadera conspiración político-sindical que apunta a uncir a los 300.000 funcionarios públicos al carro de los intereses de caciques que se consideran, y de hecho lo son, propietarios del voto de esta dócil masa de electores.
Nada cambió. Más bien, se perfeccionó lo que ya existía y hoy el Estado es una máquina de becar inútiles que consume el 90% de sus recursos legítimos. En su mensaje de 2019 al Congreso, Mario Abdo Benitez dijo: “No vamos a solucionar todos los problemas en 5 años pero, no duden, queremos dejar un país mejor”. Con semejante festín pantagruélico en las planillas salariales del Estado, no parece que vaya a lograrlo.
El statu quo es: Estado empobrecido con funcionarios enriquecidos. Vaya cambio.
