Declaración jurada de funcionarios, una burla sangrienta
La iglesia ya podría ir retirando de su décalogo el octavo item que prohíbe a los creyentes levantar falso testimonio, o sea, mentir. Los honorables partes acaban de darle el certificado de defunción a este pecado capital abriendo a cualquier funcionario al servicio del Estado la posibilidad de enmendar por el camino cualquier bache, agujero o faltante que surja de su declaración jurada de bienes de la que se haya caído, como al descuido, algún inciso conteniendo pequeños detalles como mansiones a estrenar, cuentas en los paraísos fiscales, etc. Son mentirillas que los habitantes del ex Colegio Militar han considerado salvables redefiniéndolas como olvido involuntario, actualización de activos, ingresos inesperados, etc.
La declaración jurada de bienes es un requisito sine qua non para aspirar a un cargo público. Es una incorporación valiosa a la Constitución que regula el funcionamiento de las distintas reparticiones del Estado a cuyo servicio ingresan los ciudadanos que aspiran a hacer carrera en sus diferentes ramas. No es un trámite cualquiera como para ser manipulado o adaptado a las conveniencias personales de burócratas desleales y políticos oportunistas. La seriedad de este compromiso se inscribe en el marco de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción asumidas por el Estado paraguayo mediante la ley 977 de 1996. También está cubierta por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada en 2003 que entre sus considerandos daba cuenta de la honda preocupación de los países firmantes, Paraguay entre ellos, por los vínculos existentes entre la corrupción y la delincuencia organizada, en especial la económica, incluido el blanqueo de activos. Dos décadas más tarde este fenómeno no solo persiste sino que ha hecho metástasis en la administración pública. Esta condición queda al desnudo en el último ranking mundial de percepción de la corrupción que coloca al Paraguay al fondo de la tabla en el puesto 128 cerca de Togo, Mali o Rusia.
La opacidad en que se insiste en matener el patrimonio de los funcionarios y políticos con mayor influencia en el Gobierno no ayuda a despejar dudas. Sólo contribuye a despertar sospechas y, en no pocos casos, a confirmarlas. Para muchos de ellos, el juramento o promesa formulados al asumir el cargo se transforma en una burla sangrienta.
