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Editorial

Agavillados

Fiscales en autodefensa con tufo político-sindical

La pandemia está desnudando –no nos cansaremos de repetirlo- la verdadera naturaleza de muchas personas, sobre todo, aquellas que han sido investidas de alguna autoridad o representación.

El caso de las fiscalas Quiñonez y Sosa no sólo es paradigmático sino que hunde sus raíces en el más recalcitrante folklorismo político paraguayo.

Los fiscales, con énfasis en el Fiscal General del Estado, representan a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, tal como lo establece la Constitución en su artículo 266. Es su deber primero “velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales”.

Respecto a la salud pública, la carta magna establece en su artículo 68 que “el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad” además de “proveer asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas”. El mismo artículo determina que “toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley”.

Las fiscalas de marras han hecho tabla rasa todos y cada uno de estos preceptos constitucionales. ¿Cómo se llama eso?

La fiscala general se ha enredado en una serie de explicaciones, contradicciones y exabruptos que le quitan toda credibilidad. De todo lo ya relatado queda claro que, por orden de un encumbrado capitoste de la Hermandad de la Costa de la política, la fiscala general cambió el destino de un viajero proveniente de Miami por aislamiento domiciliario mientras los demás guardan la cuarentena en un establecimiento designado por las autoridades sanitarias.

Para agravar la situación, cierto “frente unido” constituido al interior del Ministerio Público se lanzó a una defensa corporativa de la funcionaria anunciando su “solidaridad a la compañera de trabajo” dándole “su apoyo incondicional ”.

Tal apoyo carece por completo de relevancia ya que, por razones objetivas establecidas en la Constitución, la fiscala general puede ser removida por juicio político en el Congreso. El pronunciamiento tiene un fuerte tufo a componenda síndico-política para atornillar en el cargo a alguien que debiera ser destituida cuanto antes.

Una fiscalía que pisotea la Constitución cae en el descrédito y es indigna de confianza.

Equipo Periodistico
Escrito por

Equipo de Periodistas del Diario El Independiente. Expertos en Historias urbanas. Yeruti Salcedo, Lorena Barreto, Luz González, Jacqueline Torres, Patricia Galeano, Magalí Fleitas, Victor Ortiz, David Chamorro, Mary López, Jhojanni Fiorini, Juan Martínez, Felipe Dominguez, Fabrizio Meza.

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