La nueva ley del funcionariado público que se trató esta semana en el senado, blindó a las municipalidades del control de la Administración Central. De hecho, el debate legislativo se centró en este artículo, dejando de lado lo más importante de lo que busca el espíritu de este proyecto de ley; evitar privilegios dentro de la función pública.
A propuesta de la senadora Yolanda Paredes, se aprobó testar el inciso “n” del artículo 2, donde se excluye a las municipalidades.
La senadora Celeste Amarilla, también propuso testar el inciso “a” del artículo 4 y demás artículos donde se incluía a las municipalidades.
Igualmente, fue modificado el artículo 38 inciso “a” propuesta de la senadora Blanca Ovelar.
El texto aprobado fue el de la Comisión de Legislación. El proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su posterior análisis.
El presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana explicó que el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo y que esta instancia legislativa aprobó modificaciones, estableciendo cuatro títulos a la estructura de la Ley. Los dos primeros son de aplicación a todas las instituciones públicas y los últimos son aplicables solamente a las instituciones del ámbito del Poder Ejecutivo.
Aclaró que, la versión actual del proyecto no asigna al Poder Ejecutivo como autoridad normativa y técnica; al contrario, dijo que, en el artículo 2 se establece que las instituciones públicas que no componen el ámbito de aplicación del Ejecutivo serán consideradas autoridades de aplicación y con sus respectivas áreas de competencia.
SÚPERMINISTERIO
En cuanto al Poder Ejecutivo se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas será la unidad rectora, normativa y técnica de las instituciones públicas que componen su ámbito, ratificando al ministro Fernández Valdovinos como el súper ministro.
El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de identificar la necesidad pública para las modificaciones estructurales administrativas en el marco de sus funciones y competencias, remitiendo en cada caso al Congreso Nacional la fusión, modificación o extinción de las mismas para su correspondiente aprobación.
También habló el legislador Dionisio Amarilla, en representación de la Comisiones de Cuentas y Control y la de Hacienda y Presupuesto. Refirió que con esta propuesta legislativa se pretende el reordenamiento del Estado para utilizar mejor lo que dispone el erario.
Por su parte, el senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que la modificación al proyecto busca poner límites a las atribuciones del Poder Ejecutivo en relación a los otros poderes del Estado establecidas en la Constitución Nacional, y sus competencias en el ámbito de administración.
Dijo que con este proyecto se busca una eficiencia en la administración del Estado y poner límites al Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para que no se convierta en un suprapoder. “El espíritu de la ley es innovar y modernizar, hacer que el Estado y la burocracia sean más eficiente”, destacó el legislador Varela.
Igualmente, intervino el senador Arnaldo Samaniego, presidente de la Comisión Bicameral de Reordenamiento del Estado, quien anunció que acompañarán el dictamen de la Comisión de Legislación.
A su turno, el senador Rafael Filizzola, defendió el dictamen de minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde planteó como texto base el proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo, con algunas sugerencias.
“Es fundamental tener un marco general para la organización administrativa del Estado, porque ha crecido la cantidad de entidades y organismos y, no siempre se ha tenido una coherencia y un rigor en la creación de estas instituciones”, puntualizó.
