Profesionales de la salud cuestionan la disponibilidad y los tiempos de respuesta de las ambulancias del SEME para trasladar pacientes en situaciones de urgencia. Los reclamos incluyen casos en los que los móviles no estaban disponibles o demoraron en llegar, mientras el Ministerio de Salud sostiene que la red nacional mantiene cobertura y que existen mecanismos de referencia y contrarreferencia para responder a las emergencias.
¿Qué denuncian los médicos sobre las ambulancias?
Los cuestionamientos se concentran en un problema operativo: la disponibilidad de móviles cuando un paciente necesita un traslado urgente. Durante las movilizaciones de profesionales de blanco, médicos expusieron situaciones en las que hospitales y servicios asistenciales enfrentaron dificultades para conseguir una ambulancia para derivar pacientes hacia centros de mayor complejidad.
Uno de los casos que tomó estado público corresponde a Caapucú, donde una médica denunció dificultades para trasladar a un paciente que necesitaba una intervención cardíaca. Según el relato difundido, el paciente presentaba una disección de aorta y, después de conseguir un lugar para su atención, la profesional recibió como respuesta que no había una ambulancia disponible. La denuncia fue planteada mientras varias unidades del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) eran movilizadas hacia Itapúa para el operativo sanitario del Rally.
El caso no permite afirmar que el paciente haya quedado sin atención ni que haya sufrido un daño por la demora. De acuerdo con la explicación del viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, el traslado finalmente se realizó y el episodio respondió a un “malentendido” dentro del sistema de cobertura.
¿Qué ocurrió en Caapucú y qué respondió Salud?
La situación de Caapucú expuso la diferencia entre disponer de una red territorial y tener una ambulancia inmediatamente disponible en una localidad. La médica planteó que necesitaba trasladar al paciente hasta el Hospital Nacional de Itauguá, pero encontró dificultades para conseguir el móvil requerido.
Recalde sostuvo que Caapucú no queda sin cobertura aunque su ambulancia sea movilizada, porque existen bases en localidades cercanas, como San Ignacio y San Juan, desde donde una unidad puede acudir ante una emergencia. El viceministro estimó el tiempo de llegada en aproximadamente 20 minutos.
La explicación oficial, sin embargo, deja abierta una cuestión que resulta central para fiscalizar el sistema: cuánto tarda realmente una ambulancia en llegar desde una base alternativa cuando la unidad local no está disponible. En una emergencia cardiovascular, traumatológica o neurológica, el tiempo de respuesta puede tener una incidencia directa sobre la atención del paciente.
Por eso, el debate no pasa solamente por saber si existe una ambulancia asignada territorialmente, sino por determinar si el sistema puede garantizar respuesta efectiva y oportuna cuando el móvil habitual está ocupado, fuera de servicio o desplazado a otra zona.
¿Hay antecedentes de demoras en el servicio de ambulancias?
Los cuestionamientos actuales se producen sobre un sistema que ya había enfrentado denuncias relacionadas con la disponibilidad y el estado de sus unidades. En julio, trabajadores del SEME alertaron públicamente sobre problemas mecánicos y falta de mantenimiento en algunos móviles, incluyendo un caso en el que una ambulancia sufrió una avería durante un traslado.
La existencia de nuevas ambulancias no elimina automáticamente el problema de gestión. En diciembre de 2025, el Gobierno informó que había incorporado 217 ambulancias a la red nacional mediante una inversión de G. 141.466 millones, con el objetivo de que los 264 distritos del país contaran al menos con una unidad de emergencia.
La propia Presidencia había señalado además que el sistema de transporte sanitario avanzaba hacia el monitoreo de las unidades y el mantenimiento preventivo, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta. En una presentación oficial, Recalde había indicado que el sistema apuntaba a contar con una flota activa y monitoreada en tiempo real.
Esto genera una pregunta de gestión pública: si el país logró ampliar significativamente la cantidad de ambulancias, ¿por qué continúan apareciendo denuncias sobre falta de móviles, demoras o dificultades para concretar traslados?
¿Qué relación tiene la redistribución de ambulancias con los reclamos?
El contexto actual agregó un elemento adicional. El MSPBS preparó para el Rally del Paraguay 2026 un operativo sanitario que contempla 44 ambulancias básicas y avanzadas, además de 42 puestos fijos de atención, cinco clínicas móviles, 493 recursos humanos, un helicóptero y un avión para eventuales traslados de emergencia.
De las 44 ambulancias destinadas al operativo, 18 corresponden a Itapúa y 26 fueron trasladadas desde otros puntos del país, según la explicación oficial difundida por Salud. El viceministro Recalde sostuvo que la redistribución responde a una planificación de cobertura y que el sistema mantiene mecanismos de contingencia para atender las necesidades del resto del territorio.
El punto de fiscalización no es, por tanto, afirmar que las ambulancias destinadas al Rally sean necesariamente la causa de todas las demoras denunciadas. No existe evidencia suficiente para establecer esa relación causal en cada caso. Lo que sí está documentado es que parte de la flota fue temporalmente redistribuida y que, al mismo tiempo, profesionales denunciaron dificultades para conseguir móviles para pacientes.
La diferencia es importante porque permite separar dos cuestiones: la planificación sanitaria de un evento internacional y la capacidad ordinaria del Estado para responder a las emergencias de la población.
¿Qué capacidad tiene hoy la red nacional de ambulancias?
El Gobierno sostiene que la red sanitaria experimentó una ampliación significativa durante los últimos dos años. En diciembre de 2025, la Presidencia informó que las 217 nuevas ambulancias incorporadas fueron distribuidas entre las 18 regiones sanitarias, con el objetivo de garantizar al menos una unidad de emergencia en cada distrito.
El Ministerio también informó que el sistema trabaja con mecanismos de coordinación entre establecimientos de diferentes niveles de complejidad. En su estructura, el SEME cumple la función de respuesta extrahospitalaria y traslado, mientras los hospitales reciben pacientes según el nivel de atención requerido.
La disponibilidad nominal de una ambulancia, sin embargo, no equivale necesariamente a disponibilidad inmediata. Un móvil puede estar trasladando a otro paciente, encontrarse en mantenimiento, fuera de su base o afectado a un operativo especial. Por eso, el indicador que permite medir la capacidad real del sistema es el tiempo transcurrido entre la solicitud de asistencia y la llegada del móvil.
Esa información resulta especialmente relevante para evaluar la efectividad de la inversión realizada en los últimos años. El Estado puede aumentar la cantidad de ambulancias, pero si existen problemas de mantenimiento, personal, distribución territorial o coordinación, la capacidad efectiva de respuesta puede mantenerse por debajo de lo esperado.
¿Qué debe demostrar Salud sobre los tiempos de respuesta?
La controversia coloca al Ministerio de Salud frente a una cuestión que puede medirse con datos: cuánto demora el SEME en responder a una emergencia y qué ocurre cuando la ambulancia local no está disponible.
La cartera sanitaria sostiene que la cobertura está garantizada mediante una red de referencia y contrarreferencia. En el caso de Caapucú, por ejemplo, la alternativa planteada por Recalde consiste en activar unidades desde localidades cercanas. Pero para evaluar ese mecanismo se necesitan registros sobre tiempos de salida, llegada, disponibilidad y derivación de los pacientes.
La transparencia del sistema también requiere distinguir entre ambulancias existentes, ambulancias operativas y ambulancias disponibles en un momento determinado. Una flota amplia no garantiza por sí sola una respuesta rápida si una parte de los vehículos está fuera de servicio o cumpliendo otro traslado.
El desafío para Salud es mayor porque el Gobierno ha presentado la renovación de la flota como una de las principales inversiones para fortalecer la atención prehospitalaria. La Presidencia sostiene que la incorporación de unidades permitió ampliar la cobertura territorial y que los 264 distritos cuentan con al menos una ambulancia.
¿La cobertura nominal garantiza una respuesta efectiva?
Los cuestionamientos de los médicos no permiten concluir que el sistema nacional de ambulancias haya colapsado. Sí muestran, en cambio, una tensión entre la cobertura que figura en la planificación y la experiencia concreta de quienes solicitan un traslado urgente.
El caso de Caapucú es ilustrativo. Salud sostiene que existía una alternativa desde bases cercanas y que el paciente finalmente fue trasladado; la profesional denunció inicialmente que no encontraba una ambulancia disponible para realizar el traslado requerido. Ambas versiones pueden coexistir en un mismo problema: que exista una red de contingencia no significa necesariamente que el tiempo de respuesta sea equivalente al de contar con un móvil disponible en la localidad.
El debate, por lo tanto, debería desplazarse de la cantidad de ambulancias hacia indicadores más precisos: tiempo de respuesta, porcentaje de móviles operativos, cobertura efectiva por territorio, cantidad de solicitudes atendidas y traslados que requieren derivación desde otras bases.
Para un sistema de emergencias, esos datos son los que permiten medir si la inversión pública se traduce realmente en una atención más rápida. Mientras no estén disponibles de manera sistemática, las denuncias de profesionales y la defensa de las autoridades seguirán enfrentándose sobre percepciones diferentes de la misma red.
