La senadora Blanca Margarita Ovelar de Duarte, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), reactivó este miércoles en el Senado el debate sobre un impuesto específico al tabaco, con una proyección de recaudación de US$ 700 millones. La iniciativa plantea gravar cada cajetilla de 20 cigarrillos con G. 2.342, trasladando el costo al consumidor y destinando los recursos a distintas necesidades de Salud.
La propuesta vuelve al centro de la discusión tributaria en un momento en que el sistema sanitario enfrenta reclamos salariales y restricciones de financiamiento. Ovelar sostiene que el Estado debe buscar nuevas fuentes de ingresos, mientras el debate legislativo deberá determinar el alcance, la viabilidad recaudatoria y el destino específico de los fondos.
El registro oficial del Congreso identifica a Ovelar como senadora nacional para el periodo 2023-2028 y líder de la bancada ANR-Independiente B.
¿Cuánto pagaría el consumidor por cada cajetilla?
El esquema presentado por Ovelar establece un arancel específico de G. 2.342 por cajetilla de 20 cigarrillos, equivalente al 2% del jornal mínimo vigente, según la explicación realizada durante la sesión.
El diseño alcanza tanto a productos nacionales como importados, de acuerdo con la legisladora. Al tratarse de un tributo específico por unidad comercializada, el impacto directo recaería sobre el precio final que paga el consumidor, aunque el efecto sobre precios y demanda dependerá de cómo se incorpore el gravamen a la cadena de comercialización.
La discusión no parte de cero. El Congreso paraguayo ya ha debatido en distintos periodos mecanismos para elevar la tributación del tabaco. En documentación parlamentaria de años anteriores aparecen propuestas para crear un arancel específico a la comercialización de cigarrillos y destinar parte de la recaudación al fortalecimiento de programas de salud pública y educación.
La Organización Mundial de la Salud también registra que Paraguay mantiene una carga tributaria relativamente baja sobre los cigarrillos. En su perfil de 2025, la OMS consignó una carga tributaria total equivalente al 11,12% del precio minorista de la marca más vendida, incluyendo 9,09% de IVA y 2,03% de impuesto selectivo ad valorem.
¿De dónde surge la estimación de USD 700 millones?
La cifra de USD 700 millones corresponde a la estimación planteada por Ovelar para el esquema que pretende reintroducir en el Congreso. Sin embargo, esa proyección debe diferenciarse de una recaudación efectiva: el monto dependerá del volumen de ventas gravadas, el comportamiento del consumidor, la eventual sustitución por productos ilícitos y la capacidad de fiscalización del Estado.
El cálculo también deberá ser sometido a evaluación técnica por las instituciones responsables de la política fiscal. En ese proceso, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) tendría un papel relevante para estimar la base imponible, controlar la comercialización y determinar el impacto de eventuales cambios en los patrones de consumo.
La magnitud de la propuesta adquiere relevancia porque la propia discusión parlamentaria muestra que el financiamiento de nuevas políticas públicas está condicionado por el espacio fiscal disponible. La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, presidida por el senador Silvio Adalberto Ovelar Benítez, viene analizando proyectos con impacto sobre el Presupuesto General de la Nación, incluidos cambios tributarios y presupuestarios.
Por eso, el debate sobre el tabaco no se limita a cuánto pagará el consumidor. También plantea una discusión sobre qué ingresos permanentes puede generar el Estado y hasta qué punto esos recursos pueden comprometerse previamente para financiar gastos recurrentes.
¿Qué destino tendría la recaudación del impuesto?
La propuesta plantea utilizar los recursos para distintas necesidades del sistema sanitario. Entre los destinos mencionados figuran aumentos salariales para profesionales médicos, medicamentos esenciales y otras necesidades de los hospitales públicos.
El planteamiento aparece mientras el sector médico mantiene una disputa con el Gobierno por sus condiciones laborales y salariales. La utilización de un nuevo impuesto para financiar esos compromisos introduce, por tanto, una discusión adicional: si los recursos tributarios deben quedar afectados a gastos específicos o ingresar al esquema general del presupuesto para ser asignados anualmente por ley.
Desde el punto de vista fiscal, esa diferencia es relevante. Un impuesto puede generar ingresos adicionales, pero la creación de una obligación permanente de gasto requiere una fuente sostenible y previsible de financiamiento. La legislación presupuestaria paraguaya establece el marco mediante el cual el Congreso y el Poder Ejecutivo determinan las asignaciones del PGN.
El Senado ya ha tratado iniciativas vinculadas al financiamiento de servicios públicos y al uso del presupuesto. En junio, sus comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado analizaron, por ejemplo, una propuesta relacionada con la emergencia del Instituto de Previsión Social (IPS), que contemplaba problemas de medicamentos, infraestructura y falta de personal.
La discusión muestra que el problema sanitario tiene componentes que exceden el salario. El desafío presupuestario incluye medicamentos, infraestructura, equipamiento y capacidad operativa.
¿Qué riesgo fiscal y de mercado tendría elevar el impuesto?
El principal punto técnico será determinar cuánto de la recaudación proyectada puede materializarse sin provocar una reducción significativa del mercado formal. Un aumento del precio puede reducir el consumo, pero también puede desplazar parte de la demanda hacia productos de menor precio o hacia circuitos informales.
Este aspecto adquiere especial importancia para Paraguay por su condición de país fronterizo y por los antecedentes internacionales sobre comercio ilícito de productos de tabaco. La Organización Mundial de la Salud señala que Paraguay cuenta con mecanismos de cooperación aduanera para combatir el comercio ilícito y que las autoridades intercambian información sobre cargamentos sospechosos, rutas de contrabando y perfiles de riesgo.
La propia normativa paraguaya contempla sanciones relacionadas con productos de tabaco incautados y con tributos evadidos. Un aumento del gravamen, por tanto, tendría que avanzar acompañado de controles sobre producción, importación, distribución y comercialización.
El desafío para el Estado será equilibrar tres objetivos: mayor recaudación, reducción de los efectos sanitarios del consumo y control del mercado ilegal. Si la presión tributaria aumenta sin capacidad suficiente de fiscalización, parte del consumo podría trasladarse hacia canales que no generan ingresos fiscales.
¿Qué antecedentes existen en el Congreso sobre gravar el tabaco?
El impuesto específico planteado por Ovelar retoma una discusión que lleva varios años en el Congreso Nacional. En anteriores periodos legislativos se presentaron iniciativas para elevar la carga sobre los cigarrillos y establecer mecanismos adicionales de tributación.
Un antecedente parlamentario particularmente relevante fue un proyecto que proponía modificar la legislación sobre el Impuesto Selectivo al Consumo, crear un arancel específico para los cigarrillos y destinar parte de los recursos a salud pública y educación. El documento argumentaba que Paraguay tenía una de las cargas tributarias más bajas sobre el tabaco.
La discusión también ha enfrentado históricamente posiciones contrapuestas sobre el posible impacto en la industria y el comercio ilícito. El punto vuelve ahora con una diferencia política: el argumento para incrementar el tributo aparece directamente vinculado a la necesidad de encontrar recursos para responder a las demandas del sistema sanitario.
La cuestión será si esta vez el Congreso logra convertir la propuesta en un texto con respaldo suficiente y con una estimación fiscal verificable.
¿Puede el impuesto al tabaco convertirse en una fuente estable para Salud?
El planteamiento de Blanca Ovelar coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta mayor de política pública: si Paraguay debe utilizar impuestos específicos para financiar determinadas áreas o si debe mantener una asignación presupuestaria general de los ingresos tributarios.
La respuesta tendrá efectos sobre la gobernabilidad fiscal. Si el Congreso vincula una nueva fuente tributaria con gastos permanentes, deberá establecer mecanismos de control que permitan conocer cuánto se recauda, cuánto se asigna y qué resultados obtiene el sistema sanitario.
También estará en juego la transparencia presupuestaria. Una eventual ley tendría que precisar la administración de los recursos, los organismos responsables, los criterios de distribución y los mecanismos de rendición de cuentas. La experiencia legislativa reciente muestra que el Congreso continúa revisando mecanismos para mejorar el uso y control de los recursos públicos.
La propuesta tampoco elimina la necesidad de revisar la eficiencia del gasto existente. Un aumento de ingresos puede ampliar el margen financiero del Estado, pero no sustituye la evaluación de cómo se utilizan actualmente los recursos destinados a Salud pública.
¿Qué deberá definir el Congreso antes de aprobar el proyecto?
El proyecto deberá pasar de la declaración política a una evaluación legislativa y fiscal concreta. Entre los puntos que deberán determinarse estarán la base imponible, el mecanismo de recaudación, el tratamiento de productos nacionales e importados, la proyección real de ingresos, el destino de los fondos y las medidas contra el comercio ilícito.
También será necesario establecer si los G. 2.342 por cajetilla constituyen el único componente adicional o si la propuesta modifica simultáneamente otras disposiciones del régimen tributario del tabaco.
Para el sector privado, el cambio podría afectar precios, demanda y estructura de costos; para el Estado, representa la posibilidad de ampliar ingresos; y para el sistema sanitario, abre una alternativa de financiamiento que todavía debe superar el proceso legislativo.
El punto central será comprobar si la estimación de US$ 700 millones puede sostenerse con datos oficiales de consumo y recaudación. Hasta que esa evaluación exista, la cifra debe entenderse como una proyección política de la propuesta, no como un ingreso garantizado para el Tesoro.
El debate que vuelve al Senado, en definitiva, conecta una política tributaria con una demanda concreta del sistema sanitario. La discusión sobre el tabaco deberá definir si Paraguay está ante una nueva fuente sostenible de recursos públicos o ante otra iniciativa que dependerá de su viabilidad fiscal, capacidad de control y respaldo político.
