Dicen que en la antigua URSS, un tractor podía tener paralizado un koljoz (granja colectiva) durante meses por falta de un repuesto. Cuando al final la pieza llegaba pero no era la que se necesitaba, el jefe dictaminaba: “Es la pieza correcta, pero para otra máquina. El partido nunca se equivoca”.
Leyendo las declaraciones del ex presidente de la INC, la anécdota parece cobrar vigencia. Cuatro meses para resolver la compra de algún elemento clave para el funcionamiento de una empresa… en el sector privado equivale a pérdida pura y hasta bancarrota. En el sector público es apenas un detalle más cargable al debe, siempre enjugado con dinero del contribuyente.
El past president de la cementera oficial intentó –nunca mejor dicho- ensayar una “solución” a lo que no es sino pura incapacidad de gestión. Dijo a EI: “Habría que buscar un mecanismo para lograr mayor agilidad operativa… eso se debería hacer entre los tres poderes del Estado…”. Mayor extravío es imposible imaginar.
Producir cemento es buen negocio. Lo prueban las tres cementeras privadas que ya operan en el país. Sólo que cuando a una de ellas se le atasca un horno, su gerente operativo no llama a la Corte Suprema o a algún “honorable” del Congreso para encontrar la solución. Como es una empresa que trabaja previendo problemas en sectores críticos, tiene la respuesta inmediata. Y sigue operando según su cronograma.
La INC paga con dinero del contribuyente a mas de 1.200 funcionarios para producir casi lo mismo que la cementera privada más antigua (Cementos Yguazú), que tiene 210 empleados. Para “dar trabajo” a esa horda de 1.000 supernumerarios hay que inventar procesos, fabricar sellos y producir papelería que justifique su existencia. Cada paso va a contramano de la eficiencia de los procesos y por consiguiente, con deterioro creciente de la competitividad de la empresa. Eso explica los tres o cuatro meses de tardanza para recibir un repuesto de que hablaba el extitular de la cementera pública.
La INC es una muestra de la irracionalidad absoluta que carcome la administración pública paraguaya, aguantadero de inútiles rentados y cuartel general de operadores políticos. No hay “cumbre de poderes” que pueda con esta verdadera peste negra que se ha entronizado en el Estado si no empezamos por reconocerla, diagnosticarla y combatirla.
