Ayer, en horas de la mañana, indígenas de la comunidad Hugua Po’i fueron desalojados de manera forzosa de sus tierras. Obligados a sobrevivir a la intemperie, los nativos fueron víctimas de autoridades que los desterraron indiscriminadamente entre violencia y desamparo
Unas 70 familias indígenas se vieron presionadas a dejar sus tierras ayer por pedidos policiales que se presentaron a tempranas horas de la mañana, exigiendo el desalojo de las mismas porque supuestamente el territorio pertenecía a una comunidad menonita encontrada hace tiempo en inmediaciones.
Un extenso grupo policial, compuesto por la montada, cascos azules e incluso un helicóptero, se pusieron en marcha para finiquitar la expulsión de los nativos, quienes al verse superados en número de una manera amplia, debieron desocupar las tierras de pacíficamente, quedando a la vera de la ruta bajo la intensa lluvia.
ANTICONSTITUCIONAL“Esta es una comunidad que ha formado parte de manera constitutiva en el área de la cual ha sido desalojada y el Estado no reconoce esos derechos de propiedad tradicional”, explicó el abogado Oscar Ayala, secretario ejecutivo de la Codehupy.Así también, el vocero puntualizó que terceros accedieron a los títulos de la región y procedieron a reivindicar el inmueble, pedido del cual se hizo lugar por autoridades que procedieron a reivindicar el inmueble.
Esto se llevó a cabo a través de un procedimiento calificado como desalojo forzoso, pues las comunidades indígenas no pueden ser removidas de lugares ocupados de manera tradicional, por establecimiento de la propia Constitución Nacional.
“Más allá de ser indígenas, el destierro no se puede desarrollar sin que se ofrezcan alternativas a la gente. Tenemos informaciones de la intemperie a la que fueron puestas las familias de esta comunidad, sin ninguna posibilidad de acceder a un resguardo transitorio”, subrayó el secretario ejecutivo.
Oscar Ayala, secretario ejecutivo de la Codehupy.
Así también, por el momento no se había registrado ninguna acción o plan de contingencia por parte de instituciones públicas para ayudar o salvaguardar los derechos de la comunidad indígena desalojada.
Por otra parte, Ayala afirmó que el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), se excusó argumentando que sobre las tierras hay un título privado y por ende no se pueden involucrar en la situación.
“Esto queda absolutamente como algo nefasto para el precedente sobre las figuras y obligaciones que tiene el Estado en la materia”, destacó. Así también, dijo que no solo nuestra Carta Magna menciona que los indígenas no pueden ser desalojados, sino que también se encuentra una condena al Paraguay por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La misma había indicado que, pese a la existencia de títulos a favor de terceros, no se puede utilizar como un impedimento para reconocer los derechos de propiedad de pueblos indígenas, por lo cual el Estado debe salvaguardar a los nativos de cualquier desamparo posible.
“En violación del marco jurídico, el Indi se abstuvo de intervenir como ente protector de la comunidad indígena, quedando así un negro antecedente para la institución. El Estado no tiene una política de garantías o protección a los derechos vulnerados en el contexto de desalojo y tampoco existe una política institucional, más allá de la discusión jurídica en torno a la propiedad de la tierra”, determinó Ayala.
Así también, el vocero detalló que en los últimos tiempos se estuvieron desarrollando varios desalojos forzosos y este ha sido un año plagado de violaciones de derechos hacia comunidades indígenas en Paraguay.
