Las cédulas de la corrupción

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Con prontuarios conocidos y asumidos, cambiar el documento de identidad ha pasado a ser un mecanismo repetido para robar. Con graves antecedentes Juan Ernesto Villamayor ha dejado sus huellas digitales en el negocio. A pesar de todo eso, los hechos turbios continúan sin costo alguno. Acusan a Pablo Seitz de ser cómplice y mantenerse en silencio.

Días atrás la Policía Nacional anunció que el departamento de identificaciones implementará un nuevo sistema de cédulas. Sin embargo años atrás habían licitado un método para el mejoramiento de emisión por el cual se pagó unos US$ 7 millones. El sistema nunca se implementó.

La misma tendrá incorporada un chip, con el que se podrá incrementar la seguridad del documento, desde hace bastante tiempo que se viene pidiendo la implementación tecnológica a este departamento a modo de agilizar los procesos y evitar las largas filas al momento de solicitar documentos en Identificaciones.

“El Ministerio del Interior es el contratante del nuevo sistema y brindará toda la información precisa próximamente. Hay que adecuarse a los cambios que la globalización exige en cuanto a los documentos”, dijo el subcomisario Julián Giménez, asesor jurídico de Identificaciones en entrevista con radio UNO.
Inclusive durante la pandemia, luego de que la institución abriera sus puertas cada día se observan aglomeraciones poniendo en riesgo la salud de las personas y propagando el virus de Covid. Sin embargo hay otra situación que llamó poderosamente la atención.

Años atrás, antes de que se mencionara siquiera la implementación de cédulas con chips, se anunciaba con bombos y platillos la compra de un sistema de mejoramiento de emisión de cédulas. Identificaciones gestiona por día unos 12.000 trámites a nivel país y emite unos 4.000 documentos de identidad por día, todo esto de manera arcaica como se hacía tradicionalmente, nada se digitalizó.

Una denuncia realizada por Alfredo Guachire recorrió ayer las redes sociales en donde exponía cuanto sigue, » Mientras la gente realiza largas filas para renovar su cédula, Juan Ernesto Villamayor, siendo ministro del interior entregó en un gran negociado 7 millones de dólares a la empresa SOLNET para un supuesto mejoramiento de la emisión de cédulas», según esta denuncia el jefe de Gabinete de Mario Abdo estaría envuelto en un nuevo escándalo de corrupción ligado a irregularidades en las licitaciones del Estado, pero esta vez con la complicidad de Pablo Seitz.

Conflicto de intereses
Todo se inició cuando Villamayor, a las apuradas en 2018, modificó un contrato y entregó 7 millones de dólares al consorcio integrado por Solnet y Gemalto. Días después el consorcio se desintegró y se esfumó el dinero quedando solamente la empresa Solnet de forma irregular, se lee en la denuncia.

Pablo Seitz, director de contrataciones se mantuvo en silencio porque también aparece como consultor de una firma involucrada en el proceso, existiendo así conflicto de intereses, motivo por el cual la investigación no avanza a pesar de 8 denuncias presentadas por otros oferentes. ¿Pero quiénes están realmente detrás de la firma Solnet? Investigando en red encontré que el representante legal es John Walter Alonso Aftyka, quien también es presidente de la Federación de Canotaje, beneficiada con 60.000 dólares por la Secretaría de Deportes, sin ningún control.

Hizo caso omiso
En el año 2017, cuando se dio a conocer que se implementaría este sistema de manera irregular, la Contraloría General de la República recomendó la cancelación de la licitación pública. La licitación se inició en 2017, pero a raíz de las denuncias de direccionamiento a una empresa fue intervenida por la Contraloría, la que recomendó la cancelación de la licitación y argumentó un posible daño patrimonial en el caso de realizarse el desembolso de adelanto del 30%. al asumir Ernesto Villamayor como ministro del interior, autorizó por medio de su Director de Administración y Finanzas, Medes Mendoza Vega el pago de adelanto de casi 8 millones de dólares a la empresa. Haciendo así caso omiso a la recomendación de la Contraloría.

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