Patricia Samudio y José Costa Perdomo fueron acusados por la Fiscalía por el hecho punible de lesión de confianza, ya que según las investigaciones fiscales montaron un esquema de recaudación a través de llamados de licitaciones públicas de la empresa estatal Petróleos Paraguayos SA (Petropar), donde la mujer fue titular entre el 2018 y el 2020.
Según la acusación de los representantes del Ministerio Público, Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, el proceso de Compras Covid habría generado un perjuicio patrimonial de G. 346 millones a la petrolera estatal.
“Surge que la acusada Patricia Samudio utilizó fondos propios de la institución para la supuesta compra de insumos que en realidad fueron destinados a su beneficio económico y provecho propio”, dice parte de la acusación presentada ante el Juzgado Penal de Garantías.
Haciendo un repaso de las actuaciones de la ex presidenta de Petropar, observamos que durante el tiempo que estuvo como adjudicó una importante cantidad de licitaciones, 199 para ser exactos.
El Equipo de Investigación de El Independiente logró filtrar los llamados adjudicados por Petropar durante la presidencia de Patricia Samudio. Según los datos recabados de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en el 2018 la petrolera estatal adjudicó 78 licitaciones por un total de G. 1.295.245.510.671.
Ya para el 2019 la administración de la hoy acusada cerró 114 licitaciones por G. 2.113.872.470.937, y para el 2020 llegó a cerrar siete llamados por un total de G. 984.076.413.220.
En resumen, con Patricia Samudio al frente de Petropar se cerraron 199 llamados de licitaciones por un total de G. 4.393.194.394.828, lo que al cambio actual representa en moneda americana unos US$ 655.700.655.
SOSPECHAS
Supuestamente los investigadores de la Fiscalía tienen la hipótesis de que Samudio permitió empezar a generar licitaciones amañadas para poder cubrir deudas particulares de su marido, según menciona parte de la acusación, donde se detalla el testimonio recabados por los investigadores.
Supuestamente Costa Perdomo tenía una deuda de G. 350 millones que no estaba pudiendo cubrir, y aprovechando la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus y la habilitación de las compras directas por la urgencia de la pandemia, Petropar realizó llamados licitatorios millonarios.
Según el Ministerio Público, Samuudio consintió la compra de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas NK95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros, 30 unidades de pallets, 15 unidades de termómetro láser, 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades media máscara para 2 cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 unidades de bidones de 5 litros.
También se aprobó las adquisiciones de 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparra y 20 unidades de guante de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la institución, con excepción del ítems N °6 consistentes en 400 mamelucos descartables de PVC, y 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000 adquiridas que sí ingresaron.
La acusación menciona que supuestamente Costa Perdomo “habría acordado la adjudicación de la firma como proveedora de mercaderías inexistentes a Petropar con los gerentes de Solumedic SA, Víctor Cabañas y Liz Adolfina Chamorro”.
Los representantes de la firma Solumedic confesaron que colaboraron con la ex pareja de la entonces presidenta de Petropar para la estafa. El 7 de marzo del 2020 Samudio autorizó el desembolso de la adjudicación, depositado a la cuenta de Solumedic.
Pero lo llamativo es que luego, el 2 de abril del 2020 ese monto fue transferido en su totalidad a la cuenta de otra firma, Racole SA. Según el Ministerio Público, representantes de la firma declararon que el dinero recibido no fue en concepto de algún tipo de transacción comercial, sino que fue “para saldar la deuda de Costa”.
Por estos hechos Samudio y su marido fueron acusados por lesión de confianza, que según el Código Penal Paraguayo tiene expectativa de pena de hasta cinco años o con multa, pero que en los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años.
