La Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles el proyecto de ley que otorgará prisión domiciliaria a unos 2000 a 3000 presos. El documento busca disminuir el hacinamiento de las cárceles donde aumentan los casos de Covid-19.
Sin embargo la premura de la Cámara Baja de su sanción a pesar de la complejidad del punto generó suspicacias en varios estratos sociales.
El proyecto ahora a manos de Mario Abdo Benítez quien deberá promulgar o vetar. Esto fue blanco de cuestionamientos debido a que de por sí existe un aumento de asaltos por la crisis económica. Esto fue anunciado por la misma Policía Nacional. Al aumento de casos se suma la saturación de trabajo de los mismos oficiales.
Los sujetos excluidos serán los que cometieron crímenes con penas no mayores de 10 años. Los que cometieron violencia física o sexual en sus crímenes no serán beneficiados.
El argumento de los diputados fue que la salida de los presos era “el mal menor” que un desborde de casos de Covid-19 en las cárceles.
Celia Beckelmann, fiscala de ejecución, señaló que esta medida es inconstitucional ya que se violan los artículos que tratan sobre la protección a la sociedad.
“Se analizaron todos los casos y aquellos que tenían vulnerabilidades en cuanto a la salud ya fueron beneficiados con alternativas”, explicó.
Otro punto cuestionado por la agente fiscal fue que los reos que son beneficiados con esta medida, deberán retornar en el 2021 nuevamente a las cárceles por iniciativa propia. Hecho que fue considerado como irreal por Becklemann.
“Nadie los controlará que permanezcan en sus domicilios y menos que vuelvan a la cárcel el próximo año”, lamentó.
PELIGRO
La fiscala señaló que esta medida introducirá a personas que siquiera cuentan con condenas a la sociedad, personas que están desempleadas y sin acompañamiento. Por lo cual considera un peligro para la ciudadanía.
“Debemos tener en cuenta también a las víctimas de estas personas. ¿qué sentirán? Hay gente como en Ciudad del Este a quienes se les vació el negocio y los victimarios volverán a salir sin cumplir la condena”, expresó.
DESINTELIGENCIA
Stephan Rasmussen, senador nacional por Patria Querida, hizo eco en las declaraciones de la agente fiscal. El legislador se enfocó en la llamativa desinteligencia del Ejecutivo, cuando Cecilia Pérez, ministra de Justicia, instaba a la aprobación del documento al Congreso pero un día después, Euclides Acevedo, ministro del Interior, expresa por su parte una preocupación por el mismo y el consecuente aumento de la inseguridad.
“Esto demuestra una vez más la desinteligencia del Poder Ejecutivo. Todos los colaboradores de Mario Abdo deben responder a la idea del jefe del Ejecutivo pero no es así. Hay dos discursos ante una situación tan crítica”, cuestionó.
