Es inquietante la manera cómo el Congreso está tratando la figura de la representación popular con procedimientos sumarísimos basados fundamentalmente en la acumulación de votos suficientes para casar investiduras.
Independientemente de los casos particulares y en abstracción de la existencia o no de causales objetivas, debe preocuparnos la calidad de los procedimientos que, a juicio de constitucionalistas, se apartan por completo de lo determinado por la carta magna.
Dice la Constitución en su artículo 201: “Los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por las siguientes causas: la violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en esta Constitución, y el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”.
A juicio de muchos jurisconsultos, cuando la Constitución dice “además de los casos ya previstos…”, se está remitiendo al artículo 190 que expresa: “Por mayoría de dos tercios podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de sus funciones, y suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta. Por mayoría absoluta podrá removerlo por incapacidad física o mental, declarada por la Corte Suprema de Justicia”.
Si las condiciones de incapacidad física o mental deben ser declaradas por la Corte Suprema de Justicia, ¿a qué instancia corresponde comprobar fehacientemente si un diputado o un senador violó el régimen de inhabilidades o incompatibilidades, o si hizo uso indebido de influencias?
¿En que ámbito se debe juzgar si el legislador recibió dinero por uso de influencias o incrementó su patrimonio con dinero público? En otras palabras: ¿Puede una cámara erigirse en juzgado, investigar y determinar culpabilidades? ¿Por qué en casos de insania física o mental es la Corte Suprema la que interviene y para establecer inhabilidades, incompatibilidades o uso de influencias es dejada al margen?
La figura de la representación popular es uno de los pilares básicos de la democracia y debiera ser tratada con mayor cuidado, sobre todo, por el propio organismo que ella integra. Es también un llamado de atención a los partidos políticos a fin de que cuiden la calidad de sus representantes valorando mejor el voto que el ciudadano les confía en las urnas.
