Sin ningún tipo de debate previo, la Cámara de Diputados postergó para dentro de ocho días el tratamiento del proyecto de Ley que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita nombramientos y las contrataciones de parientes y de asesores, y fija topes salariales para las autoridades públicas. El documento ya lleva más de un año recorriendo ambas cámaras del legislativo y sigue sin definirse.
Cabe recordar que meses atrás la Cámara Alta se había ratificado en su versión del proyecto más conocido como “Ley Godoy” y por tanto Diputados debe decidir entre esa versión o sancionar la de la Cámara Baja, que había introducido varias modificaciones a la iniciativa original.
El diputado Basilio “Bachi” Ñúñez (ANR) fue quien solicitó la postergación del análisis de la iniciativa diciendo que tenían varios otros proyectos que estudiar en la fecha. Este argumento fue cuestionado por la legisladora Kattya González (PEN) quien dijo que solo se necesita que se ratifiquen en una de las versiones del documento.
“Yo no entiendo el motivo por el cual vamos a aprobar, acá hay que ratificarnos en la versión del senado o en Diputados. La mayoría de los colegas estamos en condiciones de sentar nuestra posición y de una vez definir la versión que considera por mayoría la Cámara de Diputados”, reclamó González.
PROYECTO
Cabe recordar que la versión de Diputados excluye de los recortes a las entidades binacionales (Itaipú y Yacyretá); el proyecto fija un tope salarial de G. 37 millones para todos los funcionarios del Estado. La Cámara Baja también había eliminado un artículo referente a limitaciones de viajes al exterior de altas
No obstante, sí habían aprobado que las autoridades públicas de rango superior solo puedan incorporar a las instituciones a su cargo, en carácter de colaboradores, hasta un máximo de tres asesores remunerados.
Así también, la iniciativa estipula la eliminación del seguro médico para la máxima autoridad. Además, establece la reducción de la provisión de combustibles; del servicio de telefonía, de compras de alimentos terminados, bebidas, arreglos florales, entre otros.
Por otro lado, otro punto que ya fue consensuado por ambas cámaras es la limitación de la publicidad estatal en medios masivos de comunicación y cualquier otra forma de expresión audiovisual, exceptuando a aquellos Organismos y Entidades del Estado (OEE) y entidades binacionales, ante situaciones de emergencia nacional tales como epidemias, catástrofes naturales, para publicación de edictos, llamados a licitaciones.
Además, el documento de Ley elimina también las remuneraciones adicionales en concepto de cumplimiento del deber de asistencia al lugar de trabajo, o algún tipo de gratificación en concepto de trabajo desempeñado, entre otras medidas.
Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, el Estado podría US$ 10 millones anuales con esta Ley. En este punto es importante mencionar que la cartera económica ya realizó varios de los recortes estipulados en este proyecto debido a la situación de pandemia actual que hizo que disminuyera los ingresos del Estado.
