El Ministerio Público presentó un informe sobre causas de lavado de dinero contra funcionarios públicos que se llevaron adelante en los últimos años, específicamente enfocado al periodo de evaluación que el equipo técnico de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) toma para analizar a Paraguay, es decir desde el 2015 al 2021.
Uno de los elementos centrales a ser analizados es la corrupción pública, donde funcionarios de distintas instituciones del Estado paraguayo se convierten en actores clave para los intereses de organizaciones criminales.
Según el reporte, la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico de la Fiscalía desde el 2015 al 2021 ya ha procesado a un total de 120 agentes estatales hechos de lavado de dinero provenientes del narcotráfico.
Así mismo se menciona que del total, unos 27 funcionarios públicos ya fueron condenados, y ya se solicitó juicio oral y público para otros 78 que están acusados.
La lista sigue con otros 11 funcionarios que están imputados, 3 en rebeldía y 1 que obtuvo sobreseimiento provisional.
Es decir, de los funcionarios públicos procesados por lavado de dinero provenientes del narcotráfico, el 22,5 % ya fue condenado y el 65 % están acusados en espera de juicio oral y público, porque a criterio de la Fiscalía existen suficientes elementos para probar el hecho punible investigado.
Por otra parte, el reporte remarca que entre los años 2018 y 2019 fue el periodo en que mayor cantidad de causas se abrieron en el Ministerio Público, con un total 77 de funcionarios del Estado indagados por estar involucrados en el citado hecho.
MAYORÍA
La representante del Ministerio Público y agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico, Fabiola Molas, explicó que la mayor cantidad de funcionarios estatales procesados por hechos punibles de lavado de dinero derivados del tráfico de drogas son agentes de las fuerzas de seguridad, pero engloba a casi todas las instituciones.
“Pero la casuística es muy amplia, porque tenemos funcionarios de muchas instituciones, y aparecen participando activamente en el tráfico o prestando algún tipo de servicio, ya sea omitiendo realizar el trabajo que les compete o directamente colaborando”, indicó la agente fiscal antidrogas.
La fiscala agregó que estás conductas de lavado de activos se verificaron en el marco de investigaciones de hechos de tráfico de estupefacientes.
Así mismo explicó que existen dos conceptos dentro del marco legal paraguayo, por un lado el artículo 196 de la Ley 1160 “del Código Penal” y el artículo 44 de la Ley 1340 “que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes”.
“Hay una diferencia entre el artículo 196 que en temas de drogas tiene que ver con disimular u ocultar el origen del dinero, ya sea mediante la adquisición de bienes, muebles o inmuebles, o mediante la conformación de empresas de facha; y el 44 de la Ley de Drogas, que es un tipo especial de lavado y que tiene que ver con beneficiarse económicamente de la comercialización de drogas”, declaró la fiscala Molas.
VISIÓN
El informe del Ministerio Público detalla que afronta la lucha contra el Lavado de Dinero y el Narcotráfico, con todos los recursos posibles, los cuales va adecuando según la permeabilidad que presentan estas organizaciones criminales.
En este sentido, la agente fiscal Antidrogas, Fabiola Molas, indicó que es importante trabajar en la prevención para evitar que funcionarios caigan en ilícitos, y detalló algunos puntos fundamentales a tener en cuenta.
“La medidas que se pueden adoptar para mitigar la cooperación de funcionarios con el crimen organizado serían la asignación de funciones por perfiles, instalar procesos internos de control. Además de fomentar la meritocracia y capacitación continua”, remarcó la investigadora.
NÚMEROS GENERALES
Por último, es importante detallar que desde el 2015 a la fecha, y por acciones procesales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, un total de 612 personas fueron condenadas por el hecho punible de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
De las 612 personas condenadas, 599 fueron por la Ley Especial de Drogas y 13 por el Código Penal, detalla el informe del Ministerio Público. Es decir, el 4,4 % de los condenados eran funcionarios estatales.
