Camilo Benítez, contralor general de la República, mencionó tras la divulgación de las declaraciones juradas que cada funcionario es quien elabora y presenta el documento. Señaló que cada autoridad debe presentar su declaración al inicio y al término de sus funciones y tras esto se realiza un cotejo de datos y se verifica si existen o no inconsistencias, específicamente entre los ingresos y egresos; es decir, si mintió.
En el caso de que en el examen de correspondencia se verifica alguna irregularidad, la CGR envía los datos al Ministerio Público para que este investigue el delito de declaración falsa. Al ser consultado respecto a los datos de algunas autoridades en donde se observaba que cobraban honorarios profesionales, el mismo indicó que en ese caso la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) lo debe investigar, abrir un sumario. Aclaró que eso ya no es competencia de la entidad que encabeza.
Benítez detalló que en caso de que un funcionario no presente su declaración es pasible a una sanción de 300 jornales mínimos y señaló que actualmente solo por orden judicial se puede acceder a una declaración jurada.
Por otra parte, el alto funcionario comentó que la declaración jurada que tendría que presentaría Samudio al dejar el cargo ya no se publicaría ya que la orden judicial actual solamente compete a los que están activos en sus cargos, salvo que el juez amplíe su orden y dictamine que también se deba publicar.
Refirió que en caso de que Samudio sea investigada la Contraloría sí debe proveer esos datos y enfatizó en que el envío de las declaraciones “un trámite que permanentemente la Contraloría está mandando a la fiscalía cuando solicitan”
Por otra parte, mencionó que hay muchísima gente que comete errores en sus declaraciones, que “muchas veces el error es realmente involuntario” pero que si los informes oficiales dicen otra cosa, la entidad debe denunciar. Mencionó que a su criterio la normativa actual debe ser modificada y permitir que los funcionarios puedan realizar cambios en las declaraciones.
Así también, manifestó que de acuerdo al amparo del Poder Judicial la Contraloría no solo debe publicar las declaraciones de las autoridades implicadas en la Ley de Emergencia sino la de las empresas adjudicadas y proveedoras. En este punto explicó que ya hay empresas que están en falta y que abrirán el sumario para luego multarlos.
Cabe recordar que Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer ayer algunas de las declaraciones juradas de bienes, activos y renta de algunos titulares de entes que manejan fondos de la Ley de Emergencia Nacional, destinados para hacer frente a la pandemia del coronavirus. De lo publicado por la mencionada institución llamó la atención algunos datos declarados por las autoridades.
Uno de los datos que fue muy cuestionado en las redes sociales hace referencia a lo presentado por la ex titular de Petropar, Patricia Samudio, que no coincidía entre lo que percibía y lo que pagó como Impuesto a la Renta Personal (IRP)
La misma declaró tener un ingreso de un poco más de G. 280 millones mensuales y que gastaba G. 12 millones para vivir; haciendo la suma, Samudio percibía en un año alrededor de G. 3.360 millones y gastaba G. 144 millones, pero de acuerdo a su declaración solamente pagó G. 80 millones por el IRP.
Además, la declaración del presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Luis Villordo tampoco pasó desapercibido ya que supuestamente solo gasta G. 300 mil por mes en alimentación.
