La cantidad de leyes, decretos reglamentarios, resoluciones, actas de compromiso, acuerdos y tratados que el Paraguay ha firmado para cuidar el medioambiente podrían llenar más tomos que la Enciclopedia Británica. Es tan tupida la red de regulaciones existentes que, si se aplicaran a rajatabla, harían imposible hasta el más inocente asadito de fin de semana.
Ahora se quiere agregar otro mamotreto más, cuyo nombre es interminable pero que se conoce como Acuerdo de Escazú. El instrumento consagra una nueva maraña de regulaciones de las que puede participar literalmente cualquiera, sin otro requisito que interesarse por algún tema que luzca atentatorio contra el medio ambiente. El ropaje en que viene envuelto está sugerido en el título del acuerdo: tener acceso a información, asegurar participación y justicia en caso de alteraciones ambientales.
Hasta ahí, todo bien. No hace falta andar haciendo juramentos internacionales para que eso se cumpla. Hay, como decíamos al principio, legislación suficiente que tutela todos esos derechos. El asunto es lo que se esconde detrás. Y se trata del denominado “principio precautorio”. Y qué significa eso.
Significa que cualquier acción humana, sea de la naturaleza que fuere y en especial las vinculadas a la producción, puede ser impedida a partir de la simple sospecha de que se está alterando negativamente el ambiente, sin necesidad de presentar pruebas irrefutables científica y metodológicamente. Basta la denuncia de cualquiera.
El argumento de quienes apoyan este acuerdo es que aquellos que están en regla con la ley no deberían temer nada. Como si a los jueces y fiscales los hubiéramos importado de Suiza. Tenemos pilas de leyes pero una justicia lenta, con frecuencia ineficaz y extremadamente corruptible a la hora de hacer cumplir la ley.
Además, el veneno está en la cola. Cualquier denuncia hecha en el marco de ese acuerdo –probada o no- puede desencadenar sanciones internacionales, con efecto directo sobre el comercio exterior que, como se sabe, está compuesto en su mayor parte de commodities agrícolas.
Por una vez, sería interesante que el Congreso midiera la relación causa-efecto-consecuencias de lo que legisla, si es que se propone estudiar la ratificación del acuerdo de Escazú. Porque algo peor que ratificarlo sería tener que denunciarlo.
