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Calma en Ecuador tras retirada

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Ante esta situa­ción la Embajada de Ecuador en Paraguay emitió un comunicado, el embaja­dor Santiago Apunte Fran­co destacó cuanto sigue:

Por instrucción del Gobier­no Nacional de la Repúbli­ca del Ecuador me permito presentar algunos elemen­tos factuales en relación a los recientes hechos acaeci­dos en mi país y que son de amplio conocimiento. Al respecto, en contraposición a los llamados al diálogo y búsqueda de acuerdos efectuados por el Gobierno Nacional del Ecuador des­de el pasado 2 de octubre de 2019, los organismos de seguridad del Estado detectaron información fiable sobre la intención de grupos violentos de propi­ciar de manera coordinada un golpe de Estado a través del incremento del nivel de confrontación con la Fuer­za Pública.

El Estado ecuatoriano salió y continuará saliendo al paso de los intentos golpis­tas y de desestabilización a la democracia ecuatoriana, en el marco de la Constitu­ción y de las leyes naciona­les del Ecuador. Como es de su conocimiento y frente a la grave situación interna que se experimentó fue necesario establecer el «es­tado de excepción» decre­tado por el Presidente de la República del Ecuador, Licenciado Lenín Moreno, el 3 de octubre de 2019. La Fuerza Pública ecuatoria­na actuó en consonancia con las disposiciones cons­titucionales y legales que regulan dicho mecanismo, y continuará procediendo de esa misma manera fren­te a cualquier tentativa de quebrantamiento del or­den democrático del país.

Bajo ese contexto, el presi­dente Lenín Moreno, den­tro de las facultades que le otorga la Constitución de la República del Ecuador y al amparo del «estado de ex­cepción’: decidió trasladar la sede de gobierno a Gua­yaquil. El Presidente tomó la decisión frente a coor­dinados actos de protesta, violencia y vandalismo, ampliamente reportados por medios, y para evitar que Quito se convierta en centro de enfrentamien­tos. El Presidente Moreno buscó también con esta decisión evitar roces entre civiles. Sectores de Quito, la capital política y sede de gobierno de la República del Ecuador expresaron su disposición a salir al paso de los manifestantes.

Adicionalmente, en aten­ción a la situación descrita el presidente Lenín More­no, de acuerdo con sus atri­buciones constitucionales y legales, y a fin de asegurar la preservación de la paz y armonía en el país, a tra­vés del Decreto Ejecutivo Nro. 888, en los momentos más álgidos de conmoción, declaró toque de queda parcial en zonas y áreas determinadas de algunas ciudades del Ecuador. Ins­trumento por medio del que también se reiteró en que la fuerza pública debía y estaba obligada a extre­mar su comportamiento y cuidado para el control de las manifestaciones públicas que devengan en violencia o actos contra la propiedad privada y públi­ca. Se reconoció el derecho a la manifestación pacífica y se efectuó un llamado al diálogo

En seguimiento a lo ante­rior se anota que el Presi­dente Constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno, frente a los actos vandálicos desatados de manera coordinada en la ciudad de Quito el pasado día sábado 12 de octubre, luego de diez días de manifestaciones, y en el marco de la Constitución del Ecuador y las leyes, tuvo que decretar la total prohibición de circulación y tránsito en la ciudad de Quito, capital del Ecuador y los valles aledaños, que incluyen al aeropuerto in­ternacional Mariscal Anto­nio José de Sucre. En fun­ción de ello no se permitió transitar a automotores o personas por vías públicas de Quito y de sus alrededo­res, a excepción de vehícu­los y personal de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas del Ecuador. La coordinación en tiempos y ejecución de las acciones violentas por parte de gru­pos de individuos descono­cidos y generalmente enca­puchados, no vinculados al movimiento indígena, claramente sugieren la im­plementación de un plan para desestabilizar al Go­bierno Nacional y al orden democrático vigente en la República del Ecuador.

Los actos de extrema vio­lencia registrados el día sábado 12 de octubre en la capital política de la Repú­blica del Ecuador incluye­ron el incendio del edificio de la Contrataría General del Estado del Ecuador, el ataque e incendio de parte de la sede de la televisora Teleamazonas, el asalto al diario El Comercio y a EcuadorTV, el saqueo a decenas de comercios y el bloqueo coordinado de puntos neurálgicos de la ciudad de Quito tales como los accesos de ingre­so y salida vehicular de la ciudad, reservorios de agua potable, infraestructura de comunicación, a más del bloqueo de los accesos des­de los valles de Tumbaco y Los Chillos que circun­dan a la ciudad de Quito. Esta información se puede constatar en redes sociales y en sitios web de medios de comunicación ecuato­rianos e internacionales. Al respecto, el movimiento indígena agrupado en la Confederación de Naciona­lidades Indígenas del Ecua­dor (CONALE) manifestó públicamente su repudio a tales hechos de violencia y se deslindó de los mismos y de los grupos de individuos que participaron en ellos.

La Oficina de la ONU en Quito manifestó el 12 de octubre en horas de la noche que en vista de la aceptación pública de la CONALE a negociar con el Gobierno Nacional lide­rado por el Presidente de la República del Ecuador, se iniciaría «de inmediato el contacto directo con di­rigentes del movimiento indígena y otros actores sociales para concretar próximos pasos y evitar la escalada de violencia» (mensaje de tuit de 12 de octubre, de ONU Ecuador). En este contexto, el Gobier­no del Ecuador reiteró con ocasión de ello su perma­nente disposición y plena apertura al diálogo.

Posteriormente, el 13 de octubre, aún en una situa­ción compleja y delicada debido a la continuación, aunque ya con menos in­tensidad, de las manifesta­ciones y cierto vandalismo en la ciudad de Quito, la CONALE con la interme­diación de la conferencia episcopal ecuatoriana y de la representación de fas Naciones Unidas en el Ecuador, aceptó mantener el diálogo franco y directo ofrecido por el Presidente de la República del Ecua­dor y, sobre esa base, en horas de la noche de ese día domingo 13 de octubre, las dos partes, el Gobierno y el movimiento indígena, con el objetivo de consoli­dar la paz y Ja estabilidad en el Ecuador, acordaron la derogación del Decreto Ejecutivo Nro. 883, por el que se suprimió el subsidio a los combustibles, resta­bleciendo dichos subsidios

Mediante el Decreto Eje­cutivo Nro. 894, de 14 de octubre de 2019, se dejó sin efecto el Decreto Ejecutivo Nro. 883, de 1 de octubre de 2019, y se ordenó la ela­boración de un nuevo de­creto ejecutivo que facilite una política de subsidios a los combustibles, con un enfoque integral, con cri­terios de racionalización, focalización y sectorializa­ción, que precautela que éstos no se destinen al be­neficio de personas de ma­yores recursos económicos, ni a contrabandistas de combustibles.

Para el gobierno nacional del Ecuador nada justifica la violencia generalizada en contra de Quito la capi­tal del Ecuador y sus habi­tantes. La Fuerza Pública ecuatoriana ha actuado y continuará actuando dentro del marco de la ley a fin de restablecer la paz en la ciudad de Quito y detener a los delincuentes y grupos de vándalos que han provocado destrozos a bienes públicos y privados, agredido a miembros de la Fuerza Pública y a personas indefensas, asaltos a locales privados y provocado una alarma social sin preceden­te, finaliza el documento emitido por la Embajada de Ecuador en Paraguay.