Si el Presidente Abdo Benítez promulga la ley que desafecta del dominio del Estado una reserva natural de bosque Atlántico para destinarla a la reforma agraria estará incurriendo en las causales de juicio político por mal desempeño de sus funciones.
Las 1.748 hectáreas que pertenecían a Campos Morombí y entregadas al Estado en carácter de donación, fueron convertidas mediante la ley 5.530 en la Reserva Científica Yberá “a perpetuidad”, con el objetivo de preservar su ambiente de biodiversidad.
El Congreso nacional, en otro de sus números de circo con abundantes discursos de tono melodramático y grotesco, pasó por encima de toda la legislación vigente, incluido el Estatuto Agrario, para sancionar a velocidad de la luz un proyecto de ley que pretende “hacer justicia” con los afectados por aquel infausto suceso de junio de 2013 cuando policías e invasores de la entonces propiedad de Campos Morombí quedaron en medio de un fuego cruzado que dejó casi dos decenas de víctimas fatales. Como el resultado del juicio abierto a partir de aquel suceso dejó insatisfechos a muchos de los ocupantes de hecho de la propiedad, se iniciaron acciones a cargo de una coordinadora de lugareños que incluso accionó judicialmente contra la ley que convirtió en reserva científica la propiedad donada.
Ya en manos del MADES, esas tierras siguieron siendo hostigadas por merodeadores que nunca se bajaron de sus intenciones hostiles de ocuparlas definitivamente. Desde 2011 y hasta entrado 2020, el monte ha sido permanentemente depredado y los rollos resultantes, convertidos en madera de alto valor. Además, en los limpiones que van quedando producto de la deforestación salvaje plantan marihuana que luego es procesada para su colocación en los mercados interno e internacional de la hierba, como lo ha comprobado varias veces la SENAD.
Pocas veces, sobre una porción tan limitada de tierras, se han configurado tantos delitos e infracciones como en el caso de la comúnmente conocida como Marina Cue, hoy Reserva Científica Yberá. El acto más arbitrario de todos ha sido, sin duda, la aprobación por ley del Congreso de la desafectación de esas tierras para entregarlas a sus actuales ocupantes, que no se cansan de cometer delito tras delito.
Si Abdo Benítez promulga dicha ley, estaría cerrando un circuito increíble de violaciones de la Constitución y del Estatuto Agrario. Bárbaro e inadmisible.
