La aprobación del balance municipal 2025 genera cuestionamientos sobre legalidad, transparencia y control institucional en la administración de Asunción.
El concejal de Asunción Álvaro Grau cuestionó la aprobación del balance correspondiente al ejercicio 2025 de las administraciones de Óscar «Nenecho» Rodríguez y Luis Bello, al sostener que el procedimiento incumplió disposiciones legales y presentó presuntas irregularidades documentales. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre los mecanismos de control político y la transparencia en la gestión municipal.
¿Por qué Álvaro Grau sostiene que el balance aprobado vulnera la ley?
El debate sobre la aprobación del balance del ejercicio 2025 volvió a instalar tensiones dentro de la Junta Municipal de Asunción, luego de que el concejal Álvaro Grau calificara de ilegal la decisión adoptada por la mayoría oficialista.
Durante la sesión ordinaria, Grau afirmó que la legislación vigente establece que una ejecución presupuestaria únicamente puede ser aprobada o rechazada en su totalidad, cuestionando que los concejales hayan intentado validar parcialmente el documento. Según expresó, este mecanismo constituye una interpretación que no se ajusta al procedimiento previsto para este tipo de informes financieros.
«Tratan de marear a la gente. La ley es muy clara, tenés que aprobar o rechazar una ejecución presupuestaria, no podés aprobar una parte y rechazar otra», manifestó durante su intervención.
El concejal sostuvo además que la decisión podría generar un precedente institucional sobre la forma en que la Junta ejerce sus funciones de fiscalización del Ejecutivo municipal.
¿Qué irregularidades denunció el concejal sobre el documento presentado?
Uno de los cuestionamientos centrales realizados por Grau se refiere a la documentación presentada para su análisis.
Según indicó, el balance remitido a la Junta Municipal no contaba con la firma del auditor, elemento que, a su criterio, compromete la validez formal del expediente y obliga a revisar el procedimiento seguido antes de someterlo a votación.
«El auditor ni siquiera firmó el balance que fue presentado a la Junta», denunció.
El edil sostuvo que esta situación debía impedir el tratamiento del documento hasta tanto fueran subsanadas las observaciones administrativas correspondientes.
Asimismo, calificó la gestión municipal como «la administración más oscura y corrupta», afirmación realizada en el marco del debate político desarrollado durante la sesión.
¿Cómo se desarrolló la sesión de la Junta Municipal?
La discusión del balance se produjo en un ambiente de alta tensión política.
Durante la jornada estuvieron presentes sindicalistas municipales, quienes impulsaron la aprobación del informe financiero, mientras que los concejales opositores insistieron en que existían elementos suficientes para rechazar el documento y solicitar mayores aclaraciones.
La votación terminó aprobando el balance, aunque el proceso dejó expuestas las diferencias entre oficialismo y oposición respecto al alcance del control que debe ejercer la Junta Municipal sobre la administración comunal.
Los ediles críticos sostuvieron que la decisión representa un blanqueamiento político de las administraciones encabezadas por Óscar Rodríguez y Luis Bello, mientras que el sector mayoritario defendió la aprobación del informe.
¿Qué impacto institucional puede tener esta controversia?
La discusión trasciende el plano político porque vuelve a poner sobre la mesa el funcionamiento de los mecanismos de control institucional dentro de la Municipalidad de Asunción.
Cuando existen cuestionamientos sobre la legalidad del tratamiento de una ejecución presupuestaria, el debate alcanza aspectos vinculados con la transparencia administrativa, la rendición de cuentas y la confianza en los procesos internos de fiscalización.
Entre los principales puntos señalados durante la sesión se encuentran:
- La interpretación legal sobre cómo debe aprobarse una ejecución presupuestaria.
- La validez documental del balance presentado.
- El rol fiscalizador de la Junta Municipal.
- Las consecuencias políticas para las administraciones evaluadas.
El desarrollo de este caso también mantiene la atención sobre la gestión financiera del municipio capitalino, una institución que en los últimos años ha enfrentado reiterados cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos públicos.
¿Qué sigue tras la aprobación del balance municipal?
Aunque el balance fue aprobado por la mayoría de la Junta Municipal de Asunción, las críticas planteadas por sectores de la oposición mantienen abierto el debate sobre la legalidad del procedimiento y la calidad de los controles internos aplicados.
La controversia también vuelve a instalar la discusión sobre el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, la responsabilidad de los órganos de fiscalización y la necesidad de garantizar procesos administrativos que ofrezcan mayor certeza jurídica tanto para la ciudadanía como para las instituciones encargadas del control del gasto público.
Periodista Senior