Empresa con antecedentes es adjudicada por Conatel

Luego de un llamado a licitación por Servicio de Limpieza de Edificio y Oficinas de la Institución, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) adjudicó por un valor de G. 1.388.749.992 a la empresa Mafara S.A.

Los ítems adjudicados fueron 5, entre ellos el servicio de limpieza del Edificio Ayfra y el sito en Presidente Franco, entre O’Leary y Ayolas, por G. 991.950.000; el servicio de limpieza del local de la Avda. Artigas, c/Santísima Trinidad, por G. 131.600.004; el servicio de limpieza de un local en Isla Bogado, por G. 113.199.996; servicio de limpieza de la Oficina Regional de Encarnación, por G. 75.999.996 y el servicio de limpieza de la Oficina Regional de Ciudad del Este, por G. 75.999.996.

Mafara S.A. cuenta con un antecedente dentro de su expediente como proveedora de servicios de limpieza. La sanción fue una inhabilitación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en el 2017, porque presuntamente la empresa había proporcionado información falsa o había actuado con mala fe.

En comunicación con Magali Brítez, la representante legal de Mafara S.A.,  explicó que la mencionada inhabilitación fue un caso desarrollado con la prestación de servicios con el ministerio del Interior; se había presentado una inhabilitación a la empresa, pero aún así la cartera de Estado pidió a Mafara S.A. que continuasen, mientras se hacía la prueba de evaluación.

“Por eso la DNCP nos inhabilita, pues vino una orden por parte de ellos para que pararan los servicios, pero también vino un pedido del ministerio del Interior para que continuemos, hecho que normalmente se hacía”, explicó la representante.

Con respecto a la “información falta o acto de mala fe”, Brítez mencionó que consiste en un título general otorgado a todos los procesos de licitación que pasan por algún tipo de protesta o inhabilitación. Así, de acuerdo a la representante legal, el título del proceso no necesariamente consiste en una en una declaración falsa, como se establece.

En cuanto a la adjudicación de la Conatel, la DNCP emitió una serie de observaciones que solicitaba la revisión y adecuación de los requisitos de participación y criterios de evaluación publicados por la institución a la hora de seleccionar a la empresa adjudicada.

Ante esto, notaron “discrepancias entre los criterios y documentos”, así como también mucha limitación y exclusión a la hora de hacer el llamado, sin explicarlo de manera detallada.

SIN RESPUESTAS
Desde el equipo de El Independiente tratamos de contactar con Oscar Morínigo, gerente de la Unidad de Contrataciones de la Conatel, pero no respondió a la llamada.

Sin embargo, al contactar con la propia institución, nos derivaron al Departamento de Pliegos, donde atendió el funcionario Aldo Espinoza; al ser consultado sobre los detalles referentes al por qué destinan más de G. 1.300 millones en limpieza y si no encontraron inconvenientes al adjudicar a una empresa con cuestionamientos, respondió que solo el Comité de Evaluaciones puede responder esas dudas.

Detalló que el comité está conformado por una persona de servicios administrativos, una de administración de contratos y otra de la parte legal, llevando a cabo un proceso de evaluación para establecer la empresa a la cual estarán adjudicando los servicios.

¿ELEVADOS COSTOS?
De acuerdo a la representante legal, Magali Brítez, los servicios no solo implican una limpieza general de la institución, sino también de áreas verdes y espacios donde se implica la concurrencia de una gran cantidad de funcionarios.

“Por ello, la adjudicación no representa un monto exorbitante, sino lo justo y necesario, quedando bien justificados las inversiones a ser atribuidas a los servicios. Igualmente, estaremos limpiando máquinas que requieren un manejo específico y requieren un costo superior”, detalló la vocera.

El inicio de los servicios aún no está previsto, pues se debe recibir la orden para ello, así como también la elaboración del contrato para estipular el seguimiento a seguir. El trabajo debe durar un año, de acuerdo a las estipulaciones previas remarcadas.

Por último, Brítez determinó que resulta chocante el nuevo monto atribuido porque en un llamado a licitación del año pasado, también adjudicado a Mafara S.A., el monto fue mucho menor. Ante esto, la representante legal lo justifica diciendo que se debe al contexto actual en cual estamos viviendo, que implica una lógica suba en los precios.