El Estado paraguayo está dotado de una serie de instituciones e instrumentos pensados para asegurar una administración correcta de los recursos ordinarios del presupuesto general producto de los impuestos pagados por la ciudadanía. La Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la secciones “rindiendo cuentas” y “transparencia institucional” de Hacienda, el mecanismo interno de control institucional (MECIP), el portal de denuncias y decenas de otras iniciativas apuntan a asegurar que los fondos presupuestarios sigan el camino correcto y no sean desviados o se queden por el camino.
Sin embargo, ya vemos que toda esa parafernalia de nombres rimbombantes no sirve para evitar que un montón de sinvergüenzas agavillados metan la mano en la lata, roben a manos llenas y, por si fuera poco, se den el lujo de llenar todas las instituciones de control de documentos falsos.
A la Secretaría de Tributación se le ocurrió poner la lupa sobre las operaciones de compra efectuadas por municipios y gobernaciones departamentales. El resultado es pavoroso. Hallaron verdaderas montañas de facturas falsificadas, sin que la CGR, ni la DNCP ni ninguna de las demás instancias inventadas para “garantizar transparencia” lograrán interceptar a tiempo los operativos de depredación de las arcas municipales y de gobernaciones. Lo más patético de todo es que la investigación de la SET abarca cuatro ejercicios fiscales, demasiado tiempo para que semejante masa de dinero robado (se habla de unos Gs. 150.000 millones) haya escapado a la red de controles. De donde se deduce que, o bien dichos controles no sirven para disparar la alarma antirrobo o estamos frente a un operativo de complicidad delictiva de enormes proporciones y ramificaciones.
Lo que más indigna es la cara de “yo no fui” que ponen todos, intendentes, gobernadores y cuanto funcionario de rango medio o alto deberían tener, al menos en teoría, una clara responsabilidad en la administración de los fondos confiados a su cuidado.
El procedimiento de facturación del IVA está pensado para asegurar que el agente de retención rinda cuentas en tiempo y forma, ya que él recibe, con el pago del bien o el servicio prestado, el correspondiente monto del impuesto, salvo que la actividad esté exenta del tributo. Si la operación se hizo dentro del sistema, el tributo debería llegar a destino y figurar en la memoria y balance de fin de año. Pero parece que el sistema no funciona cuando cae en manos de administradores desleales convertidos en vulgares salteadores de caminos.
Algo debe cambiar en cuestiones de control y auditoría.
O el latrocinio seguirá siendo algo más que la excepción.
