Cuando el Ministro del Interior “ponía en orden” las cosas
Durante los “malos viejos tiempos” de la dictadura, cuando los hombres del régimen se sentían fastidiados por algún personaje de la oposición o de la prensa crítica, el método para eliminar la molestia consistía en llamar por teléfono o ir personalmente al despacho de un señor Sabino Augusto Montanaro. Para la abrumadora mayoría de jóvenes que no tienen idea de a quien nos estamos refiriendo, fue el ministro del Interior más tenebroso del que se sirvió el estronismo para sostener la “democracia sin comunismo” que reinó de 1954 a 1989.
Enterado del problema, el ministro procedía según el tamaño de la amenaza. Por publicar un chiste que no fue del agrado del Number One, el entonces jefe de redacción de ABC Color, Roberto “Dady” Thompson, tuvo una temporada forzada en el Chaco, huésped de los militares quienes se encargaron de hacerle conocer la dura vida de los combatientes de la guerra de 1932 a 1935. Si la causa era mayor, el subversivo, apátrida, legionario y comunista recibía “atenciones especiales” en los sótanos del Departamento de Investigaciones, CEO del cual era un señor Pastor Coronel.
Todo por cuenta y cargo del Ministro del Interior, quien personalmente se encargaba de imponer los límites a la libertad de prensa, cerrando diarios, mandando a quemar ediciones “contreras”, clausurando radios, amenazando personalmente a periodistas o mandándolos a encarcelar sin más trámite. Aquellos fueron, repetimos, los “malos viejos tiempos”.
Sin embargo, vemos emerger fantasmas de aquel negro pasado. La diputada Katya Gonzalez, a quien solemos ver ensarzada en fogosos debates democráticos en el Congreso, ha ido a pedirle al Ministro del Interior -quien, aclaramos, no puede estar mas lejos de su tétrico antecesor estronista- “su intervención institucional” ante lo que define como “peligrosa línea editorial de los medios de comunicación pertenecientes al ex presidente Horacio Cartes”.
¡Epa! señora diputada. Si usted es víctima de una campaña de difamación y calumnia, el conducto apropiado es el jurisdiccional, no el administrativo. Los artículos 150 al 152 del Código Penal castigan la calumnia, la difamación y la injuria con penas carcelarias y multa. Es lo que cualquier ciudadano haría al sentirse agraviado.
¿O usted no es un “común”, como diría su ilustre ex colega Portillo?
