El Paraguay está en plena evaluación por parte del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), un organismo que debe decidir si nuestro país es confiable o no, en términos de cómo se manejan aquí grandes flujos de dinero. En ese contexto, hace un año se presentaron 12 proyectos de ley, de los cuales dos se han unificado y uno se retiró, volviéndose a presentar hace una semana una nueva versión de la ley para su estudio. Actualmente se tienen 9 leyes promulgadas sobre varios temas, desde la creación de juzgados especializados, transparencia en las sociedades por acciones, creación de registro de beneficiarios finales, modificaciones al Código Penal con la creación de nuevos tipos penales, tales como el cohecho y soborno en el ámbito privado y manipulación de mercados, la incorporación de la evasión de impuestos como precedente al lavado de dinero, entre otros. De aprobarse, todas estas iniciativas nos alejan del “Gris”, término que el organismo da a los países que no cumplen con los standards necesarios para ser “confiable”.
A partir de estas modificaciones, lo importante será la evaluación de la efectividad de las leyes, con lo cual el compromiso de todas las instituciones que tendrán a su cargo aplicarlas, es muy alto y fundamental para nuestro país.
El problema del lavado de dinero en Paraguay está vinculado a varios factores, entre ellos, el alto nivel de informalidad que de acuerdo a estudios presentados por el exdiputado de Patria Querida Sebastián Acha, alcanza un monto anual mayor al Presupuesto General de la Nación, además de factores siempre presentes como la corrupción, la impunidad y la falta de concienciación sobre las consecuencias de competir con negocios financiados con dinero proveniente de actividades ilícitas.
Y el peor de los males, el que más hiere a la República: que aquellos que deban gobernar, que tienen el poder, lleguen a lugares de decisión financiados con dinero sucio.
Las leyes ayudan, pero las mismas, si no son aplicadas, finalmente no sirven. El compromiso es de todos: del sector público y privado; y el gran desafío nacional es no ingresar a la Lista Gris de lavado de dinero, por el bien del país.
