Cuando en el 2019 el movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, desactivó el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez tras el escándalo del Acta Secreta, quedó en deuda una serie de favores. Aunque la puja política con el grupo de Colorado Añetete se haya activado en algunos frentes, hay cartas que no se pueden jugar para sostener el Gobierno.
Hoy, esa “deuda” que el abdismo tuvo con el cartismo es la carta que no permite lograr llevar adelante el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, la elegida y protegida del ex presidente de República.
El artículo 225 de la Constitución de la República explica el procedimiento del juicio político, y menciona que: “la acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos”.
Sin embargo, en la Cámara Baja los cartistas aliados con los colorados abdistas y algunos liberales ejercen esa mayoría que no permite llevar adelante. De hecho, para que la oposición pueda hacer correr el juicio político a Quiñónez necesitaría de los abdistas. Que por el contrario, sin el voto protector del cartismo, también se podría dar el enjuiciamiento político del presidente y vicepresidente.
En medio de esta barrera de protección política, Quiñónez permanece en su búnker sin tener contacto con medios de comunicación, a pesar de la serie de movilizaciones y cuestionamientos hacia su labor al frente del Ministerio Público.
Sobre este punto, el abogado y ex senador Adolfo Ferreiro se refirió que la misma ya fue juzgada, aunque no se dé el proceso parlamentario.
“Respecto a la Fiscal General, Sandra Quiñónez, el juicio político nico hubo. Pasa nomás que por la destrucción institucional ya no hace falta siquiera el simulacro de la formalidad en el Congreso. Es la consecuencia de hacer todo mal, sin que le importe a nadie”, refirió el profesional del Derecho.
De hecho, el hartazgo ciudadano es tal, que un grupo de jóvenes se encargaron de bajar un pasacalle con la leyenda “Fuerza Sandra Quiñónez, el pueblo paraguayo te apoya”. Los liberales denunciaron que son obras de grupos políticos que las defienden.
Sobre este hecho, la activista y representante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, María Esther Roa calificó como un hecho de vergüenza.
“Vas a caer más temprano que tarde, sos la mandadera de Horacio Cartes, las evidencias de los supuestos respaldos te delatan”, cuestionó duramente la abogada.
A LA VUELTA
Los parlamentarios regresan del receso en marzo, y los de la oposición seguirán con la misión de convencer a más diputados de acompañar el juicio político a Quiñónez. Así lo explicó el congresista del Partido Hagamos, Carlos Rejala.
“Los votos se están “buscando” así como decís. El receso parlamentario no impide buscar los votos, es un proceso que demora tiempo, principalmente porque se trata de un juicio político, y cuando el juicio es político no solo debemos tener solidez en las pruebas que recopilemos, sino que debemos convencer a grupos políticos para que acompañen. Hay que construir mayorías”, dijo el diputado.
Por otra parte, lamentó que esas mayorías que se construyen sean para blanquear a cuestionados actores del Gobierno, como monedas de cambios.
“Acá se construyeron mayorías para blanquear a funcionarios como Juan Ernesto Villamayor, para proteger a Natalicio Chase, para blindar a Denis Lichi, entre otros. Lamentablemente acá han habido cambios de posturas llamativas… y respetables, pero la mía es la misma desde que se inició”, remarcó Rejala.
Por último, el diputado de Hagamos considera que la vía de la interpelación no sirve para estos casos, pues se toma para el show, y citó justamente el ejemplo de Villamayor. “Si no tenemos los votos para un juicio político, ¿De qué serviría una interpelación?. Primero necesitamos construir mayoría, esa es la realidad”, insistió Rejala.