Desde mediados de noviembre, a través de un posteo de Lilian Samaniego, senadora por la ANR, la voz pública conoció que un centenar de funcionarios del Partido Colorado fueron despedidos.
Debido a la ola de cuestionamientos, principalmente de convencionales preocupados por esta situación de trabajadores, Pedro Alliana, presidente de la ANR, brindó una conferencia de prensa para dar su versión de los hechos.
Esta tuvo lugar en la Cámara Baja al mediodía de ayer miércoles.
En primer lugar señaló que existe mucha desinformación. Y que esto ocasiona que muchos convencionales estén reclamando cosas no reales.
Así también cuestionó que existen otros integrantes del partido como senadores que de forma adrede buscan desestabilizar. En concreto se refirió a Lilian Samaniego, quien fue la predecesora de Alliana en la presidencia del partido de gobierno.
“Yo no solo debo cuidar a los funcionarios sino también los recursos. Existían 435 funcionarios en la Junta de Gobierno, cuando puede funcionar con menos de 100. Es decir, existía una superpoblación que genera gastos para pagar salarios a planilleros”, expresó.
Debido a esta superpoblación, Alliana anunció la salida de 150 funcionarios. Algunos por haber concluidos sus contratos. Y otros por incumplimientos laborales.
“De estos 150, solo 3 iniciaron acciones legales. Y les adelanto que tenemos muchas posibilidades de ganar esos juicios”, vaticinó en otro momento.
La junta de gobierno de la ANR en la actualidad quedó con 281 funcionarios. El mismo Alliana adelantó que no habrá más despidos masivos.
IMPORTANTES AHORROS
Alliana valoró el ahorro económico que representa estas salidas. En concreto celebró con que los 150 funcionarios menos, se ahorrarán G. 5.000 millones al año.
Así también señaló que entre los funcionarios que siguen, se han establecido descuentos por irregularidades laborales. Y esto significó un ahorro de G. 3.400 millones desde marzo a noviembre.
Estas irregularidades laborales que para algunos costaron sus puestos de trabajo y a otros descuentos, son por ejemplo personas que iban a marcar y luego desaparecían de la institución. O bien, directamente, no iban siquiera a marcar sus entradas y salidas.
“Voy a seguir por esta misma línea. Mi compromiso es con todos los correligionarios. Vamos a controlar los horarios y que la gente cumpla funciones” expresó al respecto Alliana.
ACTUALIDAD
El político informó que con los funcionarios que quedaron están al día con los salarios de octubre. Y que la próxima semana pagarán ya lo correspondiente al mes de noviembre. Así mismo adelantó que ya cuentan con los recursos para pagar los aguinaldos de este año.
Finalmente desmintió que esto sea una cuestión política. Y volvió a resaltar que existe un grupo de funcionarios que no les gusta el control. Y que ese es el punto principal del problema.
RESPUESTA DEL SINDICATO
Ruben Zena, presidente del Sindicato de trabajadores de la ANR, señaló que Alliana responsabiliza de muchas cosas a Samaniego, pero que muchas de las falencias ocurrieron durante la actual gestión.
“A los funcionarios se les descuenta el IPS, pero el dinero no llegaba a la previsional. Estos no podían hacer las consultas que otorgaba el seguro”, expresó.
DEMANDA LABORAL
Zena recordó parte de las declaraciones de Alliana que sostenía que existe un reglamento interno que avala los despidos. Sin embargo el funcionario señaló que el sindicato nunca avaló dicho reglamento y que por lo tanto nunca dio la aprobación para que se pueda homologar en el Ministerio del Trabajo.
“Ellos se basan en un reglamento que está viciado de nulidad”, cuestionó.
Finalmente desmintió que solo sean 3 las personas que iniciaron acciones legales como afirmó Alliana. Así también destacó que muchos por desconocer las leyes laborales y por presión tuvieron que firmar documentos que los imposibilitaban iniciar demandas posteriores.
“Entre los tres despedidos hay una persona que mantenía los teléfonos. El contrato establecía que solo debía acudir de acuerdo a la necesidad de estos mantenimientos. Por lo que no se puede justificar el despido”, expresó.
Finalmente instó a las autoridades a pagar lo que corresponde a las personas que fueron despedidas.
