A solo dos meses del inicio del verano, el riesgo de más incendios forestales como siniestros en locales comerciales aumenta.
Alejandro Buzó, jefe de la dirección de prevención de incendios de la Municipalidad de Asunción y también bombero voluntario, señaló que desde marzo vienen haciendo llamados para trabajar de una forma conjunta y coordinada con el Gobierno, de esta forma evitar situaciones adversas.
Específicamente el mismo hacía referencia a que todos los recursos disponibles estén para ser utilizadas por los gobiernos descentralizados y no solo cuando el siniestro ya se haya producido.
“En el incendio que se produjo en el vertedero de Cateura se vio un trabajo en conjunto. Sin embargo, en la mayoría de los casos todos los recursos no están a disposición de los gobiernos locales. Porque básicamente son la primera línea de respuesta y no tienen la capacidad por la falta de inversión”, explicó.
Cabe recordar que la comuna capitalina tiene un fondo desde hace un par de años. Para que los Bomberos Voluntarios del Paraguay y los Bomberos Voluntarios de Asunción puedan usar para financiar los trabajos que realizan. Esto va relacionado a los ingresos de la misma comuna, no obstante existe mucha más necesidad que estos recursos puedan cubrir, de ahí la necesidad de que el Gobierno Central también facilite los recursos disponibles.
CONTROL DE INCENDIOS
Buzó adelantó que en lo que va del año ya han realizado más de 1000 inspecciones y denuncias atendidas por incumplimientos de las normas de prevención de incendios. Esto, a pesar de las restricciones por la pandemia lo han ejecutado normalmente.
Sin embargo, lamentó que a pesar del triste episodio del 2004, cuando 400 personas fallecieron en un supermercado a raíz de un incendio, no despertado de gran manera la conciencia de prevención.
“Realmente lo que siempre encontramos es que la gente no entiende la importancia de la prevención. Al final de cuentas se paga mucho más por los daños en los incendios que lo que habría costado los insumos de prevención”, explicó.
En cuanto a los costos, un local pequeño solo debe invertir G. 1 millón, en cartelerías, censores y extintores para cumplir con las medidas. Pero cuando es más grande los presupuestos son más elevados. Mientras que el castigo más severo establecido por un Juzgado de Faltas es la clausura del establecimiento.
DEMASIADA BUROCRACIA
Otro punto cuestionado por Buzó fue la excesiva burocracia que también impide que los comercios se pongan en regla.
“Gran parte de las gestiones administrativas impiden que los locales comerciales se pongan en regla en el tiempo establecido por la ley. Esto produce una bola de nieve que termina significando que incluso sin querer, los propietarios de estos locales estén incumpliendo normas”, explicó.
Una de las propuestas del entrevistado para destrabar estos procesos es que las fiscalizaciones sean digitales y que no dependan exclusivamente del plano.
“Creemos que eso significará una celeridad de los trámites y una modernización de los procesos. Evitar así esta serie de incumplimientos”, señaló finalmente.
