En la Cámara de Baja fue presentado un proyecto de ley “Que modifica y amplía la Ley Nº 6072/2018, Que establece medidas de control de productos sin gluten”. Según el escrito, el objetivo es mejorar la atención integral a un número cada vez mayor de personas que son intolerantes al gluten.
De acuerdo a los datos que acompañan a la propuesta legislativa, en el Paraguay existen aproximadamente 2 mil personas con celiaquía, afección causada por el daño al revestimiento del intestino delgado. No obstante, según estimaciones habría en realidad 60 mil compatriotas con esta condición que entrarían dentro de un subregistro.
Debido a que se trata de una enfermedad que no tiene cura y cuyo único tratamiento consiste en evitar el consumo de productos que contengan gluten, una proteína que se encuentra presente en diferentes tipos de cereales, la propuesta consiste en obligar a algunas instituciones y establecimientos a que, al menos, ofrezcan un menú libre de gluten.
Cabe destacar que esta opción para los comensales de estos alimentos debe estar avalada por una institución que autorice este tipo de menú. Entre éstas instituciones y establecimientos se mencionan a los lugares destinados a guardar a personas privadas de su libertad, establecimientos sanitarios, públicos y privados y que tengan internación de pacientes.
Asimismo, serán alcanzados por la propuesta legislativa los comedores y cantinas de instituciones de enseñanza, empresas de transporte aéreo, terrestre y acuática que ofrezcan servicios de alimentos a bordo, restaurantes, bares y patios de comidas, locales de comida rápida y otras que determine la ley.
Se establece, igualmente, que el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías proveerán fórmulas de preparación de los alimentos a los interesados. El proyecto es impulsado por los diputados Raúl Latorre (ANR), Rodrigo Blanco (PLRA), Celeste Amarilla (PLRA) y Hugo Ramírez (ANR).
SUBSIDIO
El proyecto de ley también hace referencia a subsidios e incentivos para que se pueda cumplir a cabalidad los objetivos de esta modificación. Establece un subsidio a personas intolerantes al gluten que se encuentren en inseguridad alimentaria, consistente en el pago mensual de un estipendio, por parte del Ministerio de Hacienda, del equivalente al 25% del salario mínimo legal a las personas afectadas.
