La Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de ley que cancela y anula las facturas emitidas por la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) por los meses de marzo, abril y mayo.
De acuerdo al proyecto aprobado, la Ande deberá cancelar las facturas emitidas por los tres meses mencionados que no fueron realizados en base a lectura de los medidores, luego emitir una sola factura, lo cual deberá ser fraccionado en 18 meses que se sumará al consumo del mes siguiente de promulgada la ley.
La iniciativa también señala que queda terminantemente prohibido a dichas empresas emitir facturas sin que se haya hecho la lectura pertinente del medidor del usuario. Además, estipula que los pagos de facturas ya realizados con anterioridad a la ley, serán contados automáticamente de las facturas emitidas.
Cabe recordar que la propuesta fue presentada por el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), quien participó de la sesión virtual encadenado desde la sede de la Ande. El legislador alegó que ante la falta de lectura de medidores miles de usuarios recibieron sobrefacturaciones.
La normativa con media sanción modifica el artículo 17 de la Ley 6524/20, que declara Estado de Emergencia Nacional que habla respecto a la exoneración de consumo que se estableció de hasta 500 kwh mensual.
Y establece que los usuarios de energía eléctrica tendrán un descuento de la tarifa vigente, durante seis meses desde el inicio de la pandemia, y prorrogables de acuerdo a la declaración de emergencia por la pandemia.
Los descuentos quedan de la siguiente manera: Para consumos de 1 a 150 Kwh mensuales el descuento será del 90%, para consumos desde 151 a 300 Kwh mensual, será del 70%; consumos de 301 a 500 Kwh al mes tendrán 50% de descuento, de 501 a 750 Kwh al mes tendrán 25%, desde 751 a 1.000 Kwh obtendrán descuentos del 15% y aquellos que consuman de 1.001 hasta 1.500 Kwh mes, tendrán 5% de descuento.
La normativa pasa ahora a la Cámara de Diputados para su análisis. Uno de los puntos que fue bastante cuestionado por el pleno fue que no tiene bien definido su financiamiento.
En este sentido, el proyectista señaló que mediante la Ley de Emergencia se cuenta con US$ 1.600 millones, de los cuáles se destinaron US$ 60 millones para financiar a la Ande.
Al inicio del estudio del proyecto, la senadora Lilian Samaniego (ANR) pidió que se postergue por un plazo de ocho días, para convocar a las autoridades de la Ande y Essap para dar sus posturas.
Además advirtió que una anulación de las facturas tendría un impacto grave en la economía de las empresas estatales y traerá hasta inconvenientes jurídicos. Sin embargo, no se consiguieron los votos necesarios para la postergación y prosiguió el estudio del proyecto.
