Luego de que este medio hiciera público una serie de irregularidades en varias licitaciones la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) inició una serie de investigaciones en algunas de ellas, sin embargo, estos trabajos aún no han dado resultados y se desconoce si finalmente acabarán en alguna sanción para los afectados en las llamativas compras estatales.
Este es el caso de la licitación Nº 374.847 de “Difusión de avisos de interés público en medios de comunicación” hecho por la Municipalidad de San Lorenzo, en la cual ganó G. 600 millones un funcionario de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) de nombre Sabino Guerrero, que se desempeña como fiscalizador de colectivos.
La DNCP había iniciado hace un mes una investigación preliminar surgida a partir de la publicación periodística efectuada por este medio sobre supuestas irregularidades en el marco del mencionado llamado a licitación por concurso de ofertas, sin embargo, a la fecha aún no han sido publicados los resultados.
Cabe recordar que la Municipalidad de San Lorenzo, a cargo de Alcibiades Quiñónez, decidió cancelar la licitación de G. 600 millones que había sido adjudicada al funcionario público quien también había hecho campaña política con el actual jefe de la comuna. De este último dato, estaba en total desconocimiento el director de Dinatran Juan José Vidal, quien aún mantiene al funcionario en su institución.
No obstante, hay que recordar que de acuerdo a la ley de contrataciones públicas los funcionarios del Estado no pueden ser proveedores. El mismo titular de la DNCP, Pablo Seitz, recalcó este hecho al ser consultado del caso en cuestión. Además, este es el cuarto contrato que consigue ganar Guerrero con una municipalidad.
Además de este llamado, la DNCP también inició una investigación en relación a la licitación Nº 375.622 de “Adquisición de útiles de escritorio y enseñanza” hecho por la Gobernación de Central, a cargo de Hugo Javier González Alegre, por G. 428 millones, en la que adquirió 100 perforadoras de la marca Foska de procedencia China por G. 310.000 cada una, totalizando un pago de G. 31 millones por el paquete.
Tras la publicación de este medio la DNCP solicitó a la Gobernación que realice manifestaciones en relación a las cuestiones señaladas, como así también a que presente toda la documentación que considere pertinente a los efectos de esclarecer los hechos referidos.
Ante la respuesta dada por la Gobernación de Central, la DNCP afirmó que “consideró oportuno realizar la apertura de una investigación de oficio a los efectos de otorgar mayores garantías procesales a las partes intervinientes, como así también realizar todas las diligencias necesarias para el estudio de la regularidad de las actuaciones en el marco del procedimiento de licitación en cuestión”.
Por lo que el pasado 30 de abril inició una investigación que hasta la fecha tampoco ha dado resultados, ya que no han sido dados a conocer las informaciones referentes a estos procesos.
