El director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, informó que la Municipalidad de San Lorenzo, a cargo de Alcibiades Quiñónez, decidió cancelar la licitación de G. 600 millones que había sido adjudicada a un fiscalizador de colectivos de la Dinatran para proveer de servicios publicitarios a la Comuna.
“Aunque esta licitación haya sido cancelada por la municipalidad, igual nosotros vamos a continuar la investigación para ver si hubo o no presentación de una oferta por parte de un funcionario público”, expresó Seitz. Este medio constató que el ganador de la licitación, Sabino Guerrero, es contratado en la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) donde percibe honorarios y debe cumplir horario de 8 horas diarias.
Sin embargo, el propio titular de la Dinatran, Juan José Vidal, admitió que tenía desconocimiento de que el funcionario era proveedor del Estado y que ya había ganado varias multimillonarias licitaciones con algunas municipalidades. Según la DNCP, este es el cuarto contrato que consigue con una municipalidad.
“A lo mejor para la institución pública no es ningún problema, pero para el proveedor sí. Si este presentó una oferta siendo un funcionario público, como aparentemente sería la situación, independientemente a que se cancele el contrato de mutuo acuerdo es pasible eventualmente de sanciones”, indicó Seitz.
Explicó que cuando la cancelación es de mutuo acuerdo no tiene que haber argumentaciones. Aun así resulta más que llamativa la decisión de terminar las relaciones luego de que este medio diera a conocer la situación del funcionario y su estrecha relación con el intendente Quiñónez con quien comparte varias fotografías en medio de actos de campaña política.
“Ahora tengo menos presión porque no hay riesgo de darle el dinero a alguien que no corresponda, pero eso no implica que yo tenga que dejar de investigar porque el hecho se cometió independientemente a la adjudicación, la mera presentación de una oferta por parte de un funcionario público ya debe ser pasible de investigación”, recalcó.
La comunicación de la Municipalidad sanlorenzana se da luego de que Contrataciones solicitara información a la comuna en el marco de las averiguaciones que se tramitan actualmente a través de un juez de la DNCP. Este funcionario es quien lleva adelante toda la investigación y no puede brindar declaraciones a la prensa.
Una vez finiquitada las averiguaciones el juez debe presentar un dictamen conclusivo ante el directorio nacional con un proyecto de resolución y posteriormente Seitz debe tomar cartas en el asunto y aplicar la decisión institucional. Este proceso según el director tarda en promedio 15 días.
Finalmente, cabe destacar que el titular de la Dinatran, también solicitó por su parte información a la Comuna y a la DNCP para aplicar por su lado las sanciones correspondientes al funcionario público, Sabino Guerrero, quien podría ser desvinculado.
