La Cámara de Diputados postergó por tres semanas el análisis del proyecto de Ley con media sanción “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”.
Tanto la comisión de asuntos económicos como la de asuntos constitucionales recomendaron el aplazamiento de la iniciativa argumentando que solicitaron informes a varias instituciones estatales que son afectadas por el proyecto de Ley y señalaron además que se necesita un análisis más preciso respecto al documento.
Por su parte, el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez solicitó que la postergación sea por cuatro semanas. Por otra parte, la legisladora Kattya González al igual que su colega Sebastián Villarejo y Édgar Acosta, propusieron que sea aprobada en general y se deje como una señal de voluntad política y que en particular sean analizado en otra sesión.
En otro momento, el diputado Roberto González cuestionó que el proyecto pretenda modificar la situación jurídica del funcionario las Binacional, “esto constituye una burla para nosotros los legisladores, no se puede tocar cuestiones jurídicas que solamente podemos hacerlo a través de una revisión de un tratado” mencionó y agregó que se adhiere a la propuesta de prorrogar el tratamiento de este proyecto.
Cabe el documento con media sanción establece, entre otras cosas, que ningún funcionario ni autoridad pública de rango superior, incluyendo a las Binacionales, podrá percibir un salario, remuneración o ingreso alguno superior al estipulado para el presidente de la República.
Así también, prohíbe la contratación de seguro médico privado y/o medicina prepaga para toda autoridad pública de rango superior; además que ya no podrán adquirir o contratar cupos de combustibles, salvo su utilización para actos y eventos oficiales.
En este mismo sentido, también prohíbe la contratación y provisión de, de prestaciones de servicio de telefonía celular para todo funcionario público y autoridad pública de rango superior, exceptuando los corporativos institucionales. Por otro lado, las instituciones ya no podrán contratar servicios de catering, arreglos florales, tarjetas de invitación para recepciones, eventos o de felicitaciones
Por otra parte, estipula también la eliminación de la publicidad estatal en medios masivos de comunicación y cualquier otra forma de expresión audiovisual, exceptuando a aquellos Organismos y Entidades del Estado (OEE) que ante situaciones de emergencia nacional tales como epidemias, catástrofes naturales, entre otros, deban necesariamente hacer uso de dichos medios masivos de comunicación para poner en aviso y concientizar a la población.
La Ley establece también que ningún funcionario público podrá realizar anualmente más de dos viajes al exterior de la República, solventado por fondos públicos. En este punto, se exceptúa al presidente y vicepresidente de la República, al ministro de Relaciones Exteriores y los titulares de los Poderes Legislativos y Judicial. La normativa estipula además otras medidas que buscan mejorar el gasto público.
