En las últimas administraciones gubernamentales existieron grandes escándalos por corrupción, malversación e impunidad, pero pocos tan significativos como el fallido metrobús.
La traumática obra desarrollada durante el gobierno de Horacio Cartes está plagada de irregularidades y daños al Estado, la causa duerme en la fiscalía hace 4 años y no hay ni un solo imputado.
El fracasado proyecto del metrobús se realizó en el marco del programa de reconversión del centro y modernización del transporte público. Todas las adjudicaciones y ejecuciones de la obra se realizaron durante el gobierno de Cartes y la gestión del Ministro Jiménez Gaona.
Jiménez adjudicó irregularmente a 4 empresas el proyecto, por casi USD 100.000.000, entregando anticipos hasta el 30%. Como si fuera poco, la empresa Mota Engil presentó dos demandas arbitrales contra el Estado paraguayo, exigiendo indemnización de USD 25.000.000 por daños generados.
Para financiar el proyecto metrobús, el gobierno de Cartes recurrió a préstamos del BID por un total de USD 143.000.000, a la Organización de los países exportadores de petróleos (OFID) por USD 19.000.000 y aporte local de USD 197.837.510. 
De acuerdo con informe del Ministerio de Obras Públicas se llegaron a desembolsar USD 35.700.000 para pagos a empresas contratistas y más de USD 10.000.000 para supuestos “fiscalizadores” y realización de “estudios”. El saldo de los recursos se deberá devolver a los prestamistas.
Las irregularidades pueden enumerarse recurriendo a documentos por medio de la ley de acceso a la información pública, informes de la Comisión Bicameral de Investigación, auditorías de la Contraloría y fuentes abiertas:
- El exministro del MOPC, Jiménez Gaona no aplicaba las multas por atraso en la presentación del diseño final de ingeniería por G. 5.615.273.284 a la empresa Mota-Engil, incumpliendo la cláusula 8.7 y el dictamen DAJ N° 1545 del 2018.
- Por mala planificación y violando lo establecido en los documentos de licitación, realizaron arbitrarias ampliaciones de contratos a Mota Engil por G. 103.000 millones con una variación del 34% y a la empresa fiscalizadora Typsa por G. 5.320 millones, con una variación del 32,5%
- Jiménez Gaona pagó G. 8.030 millones a la empresa Mota – Engil sin que la empresa fiscalizadora Typsa Incosa certifique textualmente las condiciones de los trabajos como aprobados o rechazados. Así incumplieron lo establecido en los documentos de licitación.
- Jiménez violó la ley de contrataciones al sobrepasar el límite de ampliación del contrato con la empresa consultora Tainer, que fue de más del 50,5%. La ley 2051 establece que no se puede exceder el 20% en ampliación de contratos. El importe excedido fue de USD 18.794.
- Entre 2015 y 2018 se pagaron a dos firmas de consultorías por el mismo servicio, cuyo representante legal es la misma persona; Juan Angel Bóveda. Se trata de la empresa Capyme y la Fundación Emprender, que se llevaron contratos millonarios.
- El exministro de MOPC, Ramón Jiménez Gaona incumplió las medidas diseñadas para mitigar el impacto negativo de las obras a comercios frentistas, al no potenciar los impactos positivos.
- Jiménez transfirió la suma de G. 16.572.000.000 a la OEI para contratar a consultores y evitar concursos. En consecuencia, se generó sobrecostos por la intermediación de un agente externo, pudiendo el MOPC realizar los concursos. La OEI cobraba 5% de comisión por estos servicios.
- La Municipalidad de Fernando de la Mora nunca aprobó las instalaciones de señales de tránsito colocadas por Mota-Engil para utilizar las calles alternativas, lo que generó por meses el desarrollo de un tráfico caótico en la zona.
- El exministro Jiménez Gaona permitió un verdadero caos con relación a contratos para supuestas consultorías, con las que se se llevaron millones y hasta existirían casos de consultores planilleros que no tienen informes que respalden las actividades desarrolladas.
- Jiménez Gaona contrató cuatro consultores individuales para los mismos objetivos, por un importe total de G. 561.000.000. Según los auditores de la Contraloría se tratarían también de supuestos consultores planilleros del fallido proyecto metrobús.
Pasaron 4 años de la primera denuncia, que luego fue ampliada en el 2019, además del informe de la Comisión Bicameral remitido a la fiscalía sobre irregularidades, como también un informe minucioso de la CGR. A pesar de todo esto, la fiscalía nunca investigó.
La fiscal actual del caso, Esmilda Álvarez, quien interina el caso de metrobús había declarado a Abc color que siguen sin realizar el peritaje para identificar si hubo daño patrimonial “porque el Ministerio Público no cuenta con el personal suficiente para realizar esta tarea”.
El caso de la estafa del Metrobús es emblemático. Pues aparte de tener ingredientes de mala gestión y corrupción es acompañado por una impunidad intolerable, vicios que nos impiden crecer como país y sociedad. Todavía más indignante fue lo ocurrido ayer durante la presentación de un curso de periodismo de investigación organizado por el CIRD, donde el exministro Jiménez Gaona reapareció intentando justificar su gestión y culpando al actual gobierno por el fracaso del metrobús.
El informe completo de la Contraloría General de la República disponible aquí: https://www.contraloria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/file/27720-informe-final-auditoria-de-cumplimiento-ministerio-de-obras-publicas-y-comunicaciones-mopc-resoluciones-cgr-n-779-18-y-843-18-articulo-1-numeral-7
