La Contraloría General de la República (CGR) recibió esta mañana el pedido de investigación por inconsistencias detectadas en informes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en la compra y posterior venta de energía de la represa Acaray, presentado por el diputado y precandidato a la presidencia de la República por el Partido Patria Querida, Sebastián Villarejo.
La Contraloría dio acuse de recibo del pedido a las 09.41 de esta mañana. El número del expediente asignado por la CGR es el 6931/22.
Un perjuicio -que podría llegar a US$ 200 millones se produjo con la venta de energía de Acaray, de acuerdo con irregularidades detectadas en el manejo de la mencionada represa, entre los años 1997 y 2007. «Regalamos energía mientras vendíamos a paraguayos», expresó Villarejo.
En nota enviada al titular de la Contraloría General de la República, Camilo D. Benítez Aldana, el legislador solicita «el análisis de gastos de la ANDE, sobre la ejecución de convenios y contratos de suministro de energía eléctrica, provenientes exclusivamente de esta represa en los años citados».
Con base en sendos pedidos de informes realizados anteriormente a la ANDE, el diputado del Partido Patria Querida detectó que «la ANDE compraba de Itaipu anteriormente a 25 dólares el megavatio hora (MWh) y vendía a los paraguayos a un precio mucho mayor».
«Sin embargo, la energía de Acaray se estaba vendiendo en promedio a 12,75 dólares, inclusive más barato de lo que el contrato permite. Al hacer esta comparación, hay una enorme diferencia que debe ser fundamentada ante los organismos pertinentes», fustigó el presidenciable.
Villarejo también explicó otras inconsistencias detectadas en estos informes. «Este tipo de situación debe ser investigado y debe movilizarnos hacia la compresión de la necesidad de un ente regulador en el tema energético en el Paraguay, no debemos permitir la discrecionalidad sin control».
La nota fue firmada por los diputados del PPQ, Rocío Vallejo y Sebastián García, y concluye solicitando «la comunicación del inicio de la investigación y se pone a disposición la colaboración necesaria para llevar a buen término el análisis del uso de fondos públicos de la Nación».
