Casi en silencio, sin mucho ruido, sigue vigente una de las máximas aberraciones constitucionales de que se tenga memoria. Se trata de la imposibilidad de tramitar documentos personales a ciudadanos que no hayan concurrido a votar y a quienes se castiga con una multa equivalente a medio jornal mínimo, Gs. 49.044. Los honorables han estado muy ocupados viendo la forma de aplicar esta penalización que convierte en parias a ciudadanos paraguayos a quienes se niega bárbaramente el derecho a salir y entrar de su propio país. Y esto viene de muy atrás.
El proyecto Riera (2021) intentó, sin éxito, conceder a la Policía Nacional, a través de su Departamento de Identificaciones, potestad para negar el pasaporte a ciudadanos que no hayan votado en una elección general y adeuden la consiguiente multa de medio jornal mínimo (Gs. 49.044). Riera no fue el único preocupado por el tema. Ya lo habían hecho antes, con sendos proyectos de ley, el senador Roberto Acevedo (2011), el diputado Mario Soto (2012) y el diputado Cándido Aguilera (2013), iniciativas que quedaron por el camino.
El diputado Oscar Tuma, sin embargo, logró que su proyecto se convirtiera en la ley 3.872 promulgada el 23 de noviembre de 2009 por el Poder Ejecutivo. En ella se subraya que “el ejercicio del sufragio constituye una obligación para todos los ciudadanos legalmente habilitados, cuyo incumplimiento será sancionado conforme lo establece el artículo 332 de este Código”. ¿Qué ocurrió con esa ley, está vigente, fue derogada, está reglamentada o es un simple papel más en los archivos oficiales? La discusión sigue caliente y las idas y vueltas entre el Congreso y el PE han ocupado los últimos debates del año.
En el fragor del intercambio argumental, quedó flotando esta frase de un senador que propuso probar temporalmente con la multa y sus derivaciones. Se trata, dijo, de obligar a la gente a asumir la responsabilidad de votar.
Dicho sea con todo respeto hacia el señor senador, ¿y si en vez de obligar, probaran persuadir al ciudadano, convencerlo con candidaturas confiables y propuestas ajustadas a sus aspiraciones y necesidades? ¿Qué valor tiene un voto compulsivo si en cada boletín no hay más que candidaturas huecas y nombres funcionales a los poderes oscuros que se han infiltrado como un cáncer en los partidos y en el propio Estado?.
Piensen como líderes, señores legisladores, no como una policía política.
