De nuevo la historia de las viviendas de interés social y el anuncio del Gobierno de su propósito de construir unas 15.000 unidades nuevas. Si en algo no nos podemos poner de acuerdo en este país es sobre el déficit habitacional. Algunas fuentes hablan de no menos de 600.000 viviendas y hasta de 1.200.000, lo cual hablaría de que la mayor parte de la población carece de vivienda propia. Sin embargo, el último censo de la DGEEC y la STP en la materia dice que el 82,4% de la población tiene vivienda propia, incluyendo aquellos que viven en condominios o estén pagando a cuotas su casa. Sólo el 9,4% vive en casa alquilada, un 6,3% en vivienda cedida y un 1,9% en alguna otra forma de habitación, por ejemplo, ocupación de hecho y no informada.
El intríngulis parece tener alguna salida cuando se empieza a hablar no sólo de vivienda hecha y derecha sino también de “soluciones habitacionales”. En esta última categoría entra una multitud de opciones, desde la construcción de baño y cocina modernos hasta la ampliación, remodelación o refacción general vía subsidios.
El problema es que los costos tanto de construcción como de refacción, ampliación o remodelación han cambiado drásticamente. El MUVH, cediendo a presiones sectoriales, sigue calculándolos sobre el modelo tradicional de vivienda de paredes de ladrillo, techos de teja y aberturas de madera, que presenta las tradicionales complejidades en la instalación de servicios, en especial de agua, energía eléctrica, drenajes, etc. No se quiere ni oír hablar de viviendas de materiales prefabricados que permiten una construcción más rápida, más económica, más fácil de acondicionar y mantener. Algunos anuncios en esa dirección han hecho saltar a los proveedores de materiales cocidos con el argumento de que se quiere hacer desaparecer a oleros, cerámicos y fabricantes de aberturas.
Con todo respeto hacia la función del MUVH, ¿qué prioriza en su función? ¿Facilitar el acceso a la vivienda a quienes no la tienen o sostener el negocio de los fabricantes de materiales? ¿Y si probara dar opciones al aspirante a vivienda propia? ¿O los intereses de un sector son más importantes que los del ciudadano sin vivienda propia?
Se nos ocurre que sería un buen capítulo a resolver este año que se inicia.
