Una delegación paraguaya de al menos 18 representantes del Estado fue anunciada para participar este martes 13 de octubre en la evaluación del país ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en Ginebra, Suiza. La composición de la comitiva, que incluye autoridades del Ejecutivo, del Poder Judicial y legisladores oficialistas, genera cuestionamientos por la falta de información pública sobre pasajes, viáticos y funciones específicas.
¿Quiénes integran la delegación paraguaya ante Naciones Unidas?
La representación nacional estará encabezada por la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, y contará con autoridades de distintas instituciones públicas. Entre los nombres anunciados figuran el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde; la ministra de la Corte Suprema de Justicia, María Carolina Llanes; el defensor general, Javier Dejesús Esquivel, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Bogarín.
También está prevista la participación de los diputados cartistas Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; Jazmín Narváez y Rodrigo Gamarra. La diputada Bettina Aguilera, inicialmente incluida en los preparativos, comunicó posteriormente su decisión de no viajar debido a compromisos parlamentarios. La información disponible no permite establecer con certeza si su desistimiento modificó el número definitivo de integrantes.
La nómina difundida incluye además personal técnico de diferentes dependencias estatales, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo. La presencia de funcionarios de distintas áreas puede responder a la necesidad de proporcionar información especializada, aunque permanece sin aclararse públicamente la distribución de responsabilidades durante la evaluación.
¿Cuánto costará al Estado paraguayo la misión oficial a Ginebra?
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la ausencia de un presupuesto detallado para el desplazamiento. La documentación diplomática identificada como MP-ONUG/OI/N.º 100/2026, citada en los antecedentes difundidos sobre la comitiva, contiene la nómina de representantes, pero no presenta un desglose de pasajes aéreos, alojamiento, viáticos ni otros gastos relacionados con la misión.
Tampoco se cuenta con información suficiente para determinar qué institución financiará cada participación, cuántos días permanecerán los funcionarios en Suiza y si todos los integrantes recibirán asignaciones presupuestarias. La ausencia de estos datos en la documentación conocida no demuestra por sí sola que los gastos carezcan de autorización o que no existan registros administrativos. Sin embargo, impide establecer el costo total de la representación con la información disponible.
El debate adquiere relevancia desde la perspectiva de la transparencia y la rendición de cuentas. Los viajes oficiales financiados con recursos públicos deben contar con respaldo administrativo y permitir la fiscalización de los gastos. En este caso, la publicación del presupuesto desagregado permitiría evaluar tanto el costo de la misión como la proporcionalidad de la representación enviada.
¿Por qué se cuestiona la presencia de diputados cartistas?
La participación de legisladores del oficialismo introdujo un componente político en una misión cuyo objetivo es responder por los avances y desafíos del Estado paraguayo en materia de derechos de las mujeres. La abogada Alejandra Peralta cuestionó la necesidad de incluir a cuatro representantes parlamentarios y sostuvo que una delegación más reducida podría cumplir con las exigencias del examen internacional.
Peralta también planteó reparos sobre la trayectoria legislativa de algunos de los representantes, al considerar que determinadas iniciativas promovidas en el Congreso resultan contradictorias con los compromisos que Paraguay deberá explicar ante el comité. Entre los antecedentes mencionados figura el debate sobre una eventual fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Estos cuestionamientos deben distinguirse de las competencias institucionales de los parlamentarios. La participación del Congreso Nacional en una evaluación internacional puede ser pertinente cuando se analizan reformas legislativas, presupuestos y mecanismos de protección. No obstante, la justificación de cada desplazamiento requiere identificar qué información aportará el representante y qué función concreta desempeñará durante las sesiones.
¿Qué deberá responder Paraguay ante el Comité CEDAW?
El examen forma parte de los compromisos internacionales asumidos por Paraguay mediante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El procedimiento permite que un comité de expertos independientes evalúe la aplicación del tratado, examine la información presentada por el Estado y formule preguntas sobre los avances y problemas pendientes.
La agenda oficial de Naciones Unidas confirma que el diálogo con Paraguay está programado para el 13 de octubre de 2026, en sesiones de mañana y tarde. La documentación del organismo incluye el octavo informe periódico del país, las preguntas formuladas por el comité y las respuestas estatales.
Entre las materias examinadas se encuentran las medidas contra la discriminación, los mecanismos de protección frente a la violencia, el acceso a la justicia y la efectividad de las políticas públicas. El comité también ha solicitado información sobre el funcionamiento del SIMORE Plus, mecanismo utilizado por Paraguay para dar seguimiento a compromisos y recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La evaluación coincide con un contexto nacional marcado por nuevos casos de presunto feminicidio y cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las instituciones. Esta situación coloca bajo examen no solamente la existencia de leyes y programas, sino también su implementación, los recursos asignados y los resultados obtenidos en la protección efectiva de las mujeres.
¿Cómo se preparó Paraguay para la evaluación internacional?
Como parte de los preparativos, instituciones estatales realizaron reuniones de coordinación y un simulacro del diálogo con el comité. La actividad, organizada en el marco de la Red de Puntos Focales del SIMORE Plus, tuvo como finalidad revisar información institucional y preparar respuestas sobre las medidas adoptadas por Paraguay.
Este trabajo previo evidencia que la presentación ante Naciones Unidas no se limita a una exposición protocolar. Las autoridades deben responder consultas técnicas relacionadas con la aplicación de políticas públicas, las competencias de los organismos estatales y el cumplimiento de recomendaciones internacionales.
La coordinación interinstitucional también explica por qué pueden intervenir representantes de distintos poderes del Estado. Sin embargo, la preparación anticipada de respuestas y documentos permite plantear una cuestión administrativa adicional: cuáles de esas intervenciones requieren presencia física en Ginebra y cuáles podrían canalizarse mediante información escrita o coordinación técnica.
¿Qué está en juego para Paraguay ante la ONU?
La evaluación del Comité CEDAW constituye un mecanismo de supervisión internacional del cumplimiento de obligaciones asumidas por Paraguay. Sus observaciones pueden servir como referencia para futuras reformas normativas, políticas públicas y mecanismos de seguimiento por parte de instituciones nacionales y organismos internacionales.
En ese contexto, la credibilidad de la presentación depende de la consistencia entre los compromisos declarados y las medidas efectivamente ejecutadas. La información sobre prevención de la violencia, protección judicial, presupuesto y acceso a derechos será central para determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones del Estado.
A esta dimensión se suma la necesidad de transparentar los recursos destinados a la representación internacional. La publicación del costo total de la misión, la nómina definitiva y las funciones asignadas a cada integrante permitiría responder los cuestionamientos sobre el viaje sin desvirtuar la importancia de la evaluación.
El examen del 13 de octubre pondrá a Paraguay frente a sus compromisos en materia de derechos de las mujeres. Paralelamente, las instituciones nacionales deberán poder explicar cómo se financiaron las participaciones oficiales y qué resultados concretos se obtuvieron mediante la representación estatal.
