La senadora Lilian Samaniego (ANR) anunció que impulsará nuevamente en el Congreso Nacional la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres. La legisladora cuestionó la falta de capacitación de funcionarios públicos para atender denuncias y sostuvo que las deficiencias institucionales pueden dejar a las víctimas sin protección, incluso después de acudir a las autoridades.
La parlamentaria adelantó que solicitará a la Mesa Directiva del Senado acelerar el tratamiento legislativo de la propuesta, que ya había sido debatida en el Congreso. Afirmó que la iniciativa responde a una necesidad de protección y no a diferencias ideológicas, por lo que pidió el acompañamiento de sus colegas, incluidos los integrantes del movimiento oficialista Honor Colorado.
¿Qué propone Lilian Samaniego para atender los casos de feminicidio?
La propuesta busca establecer juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, con funcionarios capacitados para intervenir en situaciones de riesgo y procedimientos que permitan agilizar la respuesta judicial. El objetivo es fortalecer la protección de las denunciantes y reducir las demoras en la tramitación de los casos.
Samaniego explicó que el proyecto fue trabajado con instituciones del sistema de justicia y recordó el respaldo técnico recibido de la Corte Suprema de Justicia. También mencionó conversaciones con la senadora Esperanza Martínez y otros legisladores para impulsar nuevamente la iniciativa y conseguir los dictámenes necesarios para su tratamiento en el pleno.
El antecedente legislativo se remonta a 2024, cuando el Senado recibió el proyecto de creación de juzgados especializados. La iniciativa fue modificada durante su tratamiento parlamentario y posteriormente sancionada en una versión referida a la violencia dentro del grupo familiar. En enero de 2026, la Comisión de Equidad y Género informó que buscaría retomar la propuesta original de especialización.
¿Por qué Samaniego considera que el Estado falla al proteger a las mujeres?
La legisladora sostuvo que una de las principales deficiencias del sistema de protección es la falta de formación especializada de los funcionarios que reciben denuncias o deben intervenir ante situaciones de violencia. Según su planteamiento, las instituciones actúan de manera desarticulada y no siempre identifican oportunamente el riesgo que enfrenta una mujer.
«El feminicidio empieza con el miedo y termina con la muerte», expresó Samaniego, al advertir que muchas mujeres acuden a las autoridades cuando ya atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. Consideró que la respuesta estatal debe contemplar tanto la recepción inmediata de las denuncias como la adopción de medidas de protección y su cumplimiento efectivo.
La senadora cuestionó que la atención de estos casos dependa de funcionarios sin preparación suficiente para reconocer situaciones de peligro. La especialización judicial, sostuvo, permitiría mejorar los procedimientos, aunque la protección también requiere coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
¿Qué ocurrió con la mujer que denunció a su agresor en Canindeyú?
Para ilustrar las consecuencias de una atención institucional deficiente, Samaniego relató el caso de una mujer de 26 años, ocurrido en el departamento de Canindeyú, que acudió a una comisaría después de haber sido golpeada por su pareja.
Según el relato de la parlamentaria, la víctima había escapado de su vivienda sin recuperar su cédula de identidad. Al presentarse ante la Policía Nacional, un suboficial se habría negado a recibirle la denuncia porque no contaba con el documento.
La legisladora señaló que la mujer fue posteriormente atacada por su esposo a unas dos cuadras de la dependencia policial, donde recibió varios disparos que acabaron con su vida. Samaniego presentó el episodio como un ejemplo de las consecuencias que puede tener la falta de preparación de los agentes encargados de recibir denuncias.
El caso expone, de acuerdo con su planteamiento, la necesidad de contar con mecanismos que permitan intervenir de inmediato cuando una persona solicita protección. Sin embargo, la eventual responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios involucrados debe establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
¿Qué antecedentes tiene el proyecto de juzgados especializados?
La creación de una jurisdicción especializada no constituye una propuesta reciente. En junio de 2024, un grupo de senadores presentó formalmente una iniciativa para establecer juzgados y tribunales dedicados a atender casos de violencia contra las mujeres, con el propósito de fortalecer la aplicación de la Ley N.º 5777/2016, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia.
En enero de 2026, la Comisión de Equidad y Género informó que el proyecto original había sido desarrollado durante seis años de trabajo con 17 instituciones del Estado. La propuesta contemplaba inicialmente dos juzgados en Asunción, dos en Central y uno en Alto Paraná, con participación técnica del Ministerio de Economía y Finanzas.
El debate también involucra la distribución de competencias judiciales. Paraguay dispone de órganos especializados en distintas materias, por lo que Samaniego considera que la violencia contra las mujeres requiere una estructura institucional específica, con personal formado para atender estos procedimientos.
La parlamentaria sostuvo además que el sistema debe ofrecer garantías procesales a todas las partes, incluidos los hombres denunciados. La especialización, en ese sentido, debe respetar el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y los procedimientos establecidos en la legislación nacional.
¿Qué obstáculos políticos enfrenta la creación de estos juzgados?
Uno de los principales desafíos de la propuesta es conseguir el respaldo parlamentario necesario para su aprobación. Samaniego dirigió un llamado particular a sus colegas del movimiento Honor Colorado, sector mayoritario dentro de la bancada colorada, para que acompañen el tratamiento del proyecto.
La legisladora insistió en que la discusión no debe reducirse a diferencias partidarias o ideológicas. En su intervención, planteó que la violencia contra las mujeres constituye un problema que exige respuestas institucionales y decisiones concretas del Congreso.
La implementación de una nueva estructura judicial también requiere definir recursos presupuestarios, competencias, cantidad de funcionarios y mecanismos de coordinación. Estos aspectos resultan relevantes para determinar si los juzgados especializados pueden ofrecer una respuesta más rápida que las instancias actualmente disponibles.
En términos institucionales, la discusión no se limita a la creación de nuevos órganos judiciales. También comprende la capacidad del Estado para ejecutar las medidas de protección, asegurar la atención oportuna de las denuncias y establecer responsabilidades cuando se incumplen los procedimientos.
¿Podrá el Congreso avanzar con la propuesta de Samaniego?
El nuevo impulso anunciado por Lilian Samaniego vuelve a colocar en la agenda legislativa la necesidad de revisar la respuesta del sistema de justicia ante la violencia contra las mujeres. La senadora vinculó su pedido con casos recientes, entre ellos el de Deisy Paola Giménez, y con situaciones de violencia extrema que, según sostuvo, evidencian la necesidad de actuar con mayor rapidez.
El tratamiento parlamentario permitirá determinar si existe respaldo político para establecer una jurisdicción especializada y qué modificaciones se introducirán respecto de los proyectos anteriores. También deberá definirse cómo se financiaría la estructura y cuáles serían sus atribuciones específicas.
Mientras tanto, el planteamiento de Samaniego apunta a una cuestión central para la protección de las víctimas: que una denuncia de violencia active una respuesta institucional efectiva, con funcionarios preparados, medidas oportunas y coordinación entre las autoridades responsables.
