“Está en juego un mecanismo esencial para la lucha contra la corrupción en un sistema democrático, si esto se convierte en ley vamos a tener al segundo día, una democracia de peor calidad que la que tenemos hoy”, comentó el abogado Ezequiel Santagada.
La Cámara de Diputados, o también llamada “La Cámara de la Vergüenza”, sancionó el proyecto de ley que despenaliza el falseamiento de las Declaraciones Juradas. Con esto muchos podrán dibujar el origen de sus fortunas sin correr mayores riesgos futuros. Algunas personas incluso argumentan que están convirtiendo en un carnaval a la República.
La ciudadanía cansada de la falta de voluntad para luchar contra la corrupción convocó a una manifestación hoy martes 9 de junio a las 19:00 horas frente al Congreso Nacional, manteniendo el uso de tapabocas, pero bajo la consigna “Si ellos roban, nosotros salimos”.
Este duro golpe a la transparencia sólo puede ser revertido por el veto del presidente de la República Mario Abdo Benítez. Al respecto, Santagada afirmó que “es hora de materializar el discurso bonito de compromiso de la lucha contra la corrupción. Si el presidente veta sería efectivo porque en la Cámara de Senadores hay votos suficientes para aceptarlo y eso mandaría al archivo este proyecto. Hoy la responsabilidad es exclusiva del presidente de la República”, aseguró.
Existe una intencionalidad política y hay un potencial número de posibles procesamientos a personas que han faltado a sus Declaraciones Juradas. Hoy en día si se descubre un falseamiento implica la comisión de un hecho punible que tiene una expectativa de pena hasta cinco años. Gracias a esa normativa hay políticos procesados y con prisión preventiva.
“Esto se vendría usando como vacuna y tratamiento. Vacuna porque daría impunidad a todas las posibles denuncias de corrupción futuras por falseamiento de Declaraciones Juradas y tratamiento porque dejarían en impunidad a todos los que están procesados hoy por esto como Miguel Cuevas, el matrimonio Zacarías, y muchos otros”, refirió el abogado.
Aseguró que tiene un efecto claramente de blindaje para darse impunidad y de debilitar la efectividad del Artículo 104 de la Constitución que establece la obligación de presentar las Declaraciones Juradas al inicio y el término del mandato, y es quizás el que mejor expresa el derecho implícito que tiene todo ciudadano a luchar contra la corrupción.
Cabe resaltar que este proyecto de Ley aprobado implica que quien haya “falseado” una Declaración Jurada de bienes presentada ante la Contraloría General de la República no tendrán sanción penal alguna porque pueden modificarla o rectificarla si es que la Contraloría advierte el hecho y solo en el caso de que determine que hay un indicio de hecho punible, esto sería enviado al Ministerio Público.
