Datos del Banco Mundial confirman que 29% de la población nacional accedió y hace uso de la billetera electrónica accesible desde las compañías móviles, cuando el promedio en la región es apenas del 5%.
Se aprobó en diputados y senadores la ley que ya se conoce como “La Anti Giros” propuesta por el diputado Sebastián García bajo el nombre oficial de Ley “de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos” (D-2059099), y existe una expectativa de que el ejecutivo pueda vetar esta ley que dificultaría el manejo de la billetera electrónica a unas 2.500.000 millones de personas, dejando el campo libre para que los bancos se queden con esa cartera de clientes.
El Banco Central del Paraguay (BCP) advirtió que esto tendrá un costo adicional para la nueva identidad que el usuario deberá pagar al momento de hacer las gestiones correspondientes, y es aquí donde surgen los primeros cuestionamientos, ya que esta paga única no solo es elevada, sino que también no estaría disponible para hacerla desde cualquier parte del país, poniendo en riesgo la accesibilidad que se había logrado hasta la fecha.
Paraguay tiene un problema de accesibilidad al sistema financiero, en principio por los costos administrativos de mantener una cuenta corriente, la informalidad y la falta de educación financiera que limita las posibilidades de un amplio sector de la población.
Si tan solo ponemos de ejemplo el proceso que se tuvo que seguir para impulsar la implementación de la renta personal podemos deducir que nuestro país requiere de procesos para lograr una transparencia, agilidad y trazabilidad, que en realidad desde siempre tuvieron los giros desde las billeteras electrónicas.
Si esta ley se aprueba finalmente desde el Ejecutivo, no solo se vería afectada la clase baja que no tienen ninguna posibilidad de bancarizarse y que incluso acceden a proyectos sociales de subvención, si no también se verá afectado el vínculo con la clase media y media alta que utiliza este servicio semanalmente para generar pagos por compras o servicios a proveedores que no poseen cuentas bancarias.
Pongamos ejemplos simples. La hija que estudia y trabaja en la capital que le debe girar dinero para emergencias a sus padres que no tienen cuenta bancaria y que viven en lugares alejados donde no solo no llegan los bancos si no donde no existen planes de colocar cajeros automáticos.
Estas localidades acceden a envíos directos e inmediatos que pueden efectivizar en pequeños comercios, estaciones de servicio o farmacias que nunca faltan en pueblos y ciudades.
Cuando uno entiende esta realidad comprende el por qué en algunos lugares se inauguran cajeros automáticos con gacetillas y prensa como si se tratara de un puente o un hospital. Para esos funcionarios públicos, maestros, jubilados o beneficiarios de los proyectos como Tekopora, los cajeros más cercanos son una necesidad real.
Durante esta pandemia se pudo generar una ayuda no tan rápida, pero efectiva, gracias al sistema de billeteras electrónicas que se utilizaron para Pytyvo. Imaginemos ahora estar en la franja de personas que necesitan una ayuda de G. 500 mil y para recibirla se necesita una identidad electrónica que podría llegar a costar ese monto y que aparte no se puede gestionar en cualquier lugar. Los más afectados serían los de la clase baja, la más vulnerable, y luego la falta de esta practicidad terminaría afectando al resto de la sociedad.
Imagine estar en su trabajo y que le llame la señora de la limpieza que también colabora con la cocina para avisarle que se acabó el gas, hoy usted le hace un giro desde el móvil y se resuelve, pero ¿Cómo será mañana? Si nuestros colaboradores no pueden cubrir esos gastos vinculados con la identidad electrónica nos veremos obligados a hacerlo nosotros incurriendo en nuevos gastos innecesarios.
Se dice que el Estado estaría dando este servicio gratis con el sistema de cédula electrónica. Un sistema que no se está aplicando y que en la realidad se tendrá que esperar mucho tiempo más ya que el proyecto de cédulas y pasaportes se encuentra encapsulado en el tiempo, sin avances y con una repercusión directa sobre el tiempo y el dinero de los contribuyentes.
Mientras en el Congreso se discutía sobre el presupuesto de ollas populares que fue completamente reducido otro miembro de este partido (Fidel Zavala) presentaba un proyecto contra las invasiones (Todos estamos en contra, y es un problema que afecta el campo y la ciudad) donde se agregaba que además de ampliar las penas carcelarias los acusados no podrían acceder a proyectos sociales.
En muchas ocasiones nos quedamos con la sensación de que algunas de nuestras autoridades representan a la inmensa minoría que nunca tendrá que preocuparse por un giro móvil o que le alcance un plato en una olla popular del barrio.
