El Instituto Nacional de Estadística aguarda que la Cámara Baja apruebe un préstamo del BID por USD 43 millones, que será utilizado para llevar a cabo el Censo Nacional de Población y Viviendas en el 2022. El proyecto ya tiene media sanción en el Senado, pero no cuenta aún con el “visto bueno” de Diputados.
Si los integrantes de la Cámara Baja no aprueban el crédito este miércoles, durante la última sesión previa al receso parlamentario, el censo ya no podrá realizarse en el plazo programado y se cortará una secuencia histórica de 72 años. Así, el Paraguay quedará sin trazabilidad, con nulas posibilidades de formular políticas públicas basadas en la evidencia de los datos, alertó el director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda.
“Yo hablé con el presidente de la Cámara de Diputados y con los líderes de varias bancadas. En todo momento hemos sido muy bien recibidos y se comprometieron a acompañar, pero a la hora de su tratamiento en la Cámara Baja o no se incluye en el orden del día, se posterga o se quedan sin quórum. Si no logramos la aprobación este miércoles, es muy difícil que se haga el censo en el 2022”, relató.
Además, Ojeda agregó que ya debían iniciar con las actividades “precensales” en octubre. Sin embargo, estas tareas no pudieron realizarse debido a la falta de los fondos, el crédito de US$ 43 millones.
“Para cada censo se acude al financiamiento externo, porque estos operativos se realizan cada 10 años. Entonces, el instituto no cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo. Estamos realmente en un camino de incertidumbre, atrasados, y esperamos no cometer los errores del pasado. Yo creo que si no se trató o no se aprobó es por motivos extraños, ajenos al operativo del censo o al Instituto. Por lo menos, esa es la percepción que yo tengo al hablar con los diputados”, comentó.
En caso de que no se obtenga la aprobación de la Cámara de Diputados, el Paraguay no solo quedaría sin trazabilidad y sin la posibilidad de formular políticas públicas para asistir a la población, también se vulnerarían las bases democráticas y preceptos establecidos en la Constitución Nacional.
“El censo nos va a decir cuál realmente fue el impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19. Hablar de un censo es hablar de las bases mismas del sistema democrático, porque ayuda a visibilizar garantías constitucionales. Además, el artículo 6 de la Constitución Nacional habla de que el Estado fomentará estudios de población vinculados a los factores sociales, medioambientales y económicos. No podremos ver cómo están los niños, las mujeres, los adultos mayores. cómo están los indígenas”, refirió.
Ojeda agregó que el cúmulo de informaciones del censo servirá para implementar políticas públicas y para el sector privado. “El inversor que venga necesita información”, detalló.
Dependerá de la voluntad política
El diputado liberal Edgar Acosta comentó que con la comisión de Cuentas y Control determinaron que el préstamo para el censo es uno de los que se “justifica”, porque revelará una radiografía de la población nacional.
“Soy uno de los que cree que el censo tiene que ser una política de Estado, porque es imposible establecer políticas públicas si no tenés información precisa de cuáles son las áreas en las que se necesita invertir más presupuesto. Este miércoles es la última sesión antes del receso, si hay voluntad política deberá figurar entre los cinco puntos del orden del día, para que sea sancionado y pase al Ejecutivo”, puntualizó.
