Es increíble cómo hemos naturalizado en el Paraguay cuestiones que rebasan todos los límites de la aberración. Desde hace años se repite que en territorio físico, el Paraguay tiene 406.752 kilómetros cuadrados. Pero en los papeles, es decir, en la sumatoria de los títulos de propiedad emitidos, el país supera ampliamente los 500.000 kilómetros cuadrados. Esto significa que un 25% de los papeles están duplicados o, como suelen decir algunos con un cuestionable sentido del humor, responden a propiedades de dos pisos.
Imaginemos lo que ocurriría si un fenómeno de esta naturaleza ocurriera en Estados Unidos, Alemania, Japón o cualquiera de los países “serios” del mundo. Toda la propiedad inmobiliaria colapsaría, las hipotecas caerían en cascada y todo el universo de las garantías reales se desplomaría. La economía entraría en crisis… Pero no. No ocurre porque por algo son países serios, comenzando por ese protocolo básico de confianza y certeza llamado “título de propiedad” sobre el que todo se funda.
En el Paraguay, en cambio, un propietario es sospechoso de ser un usurpador hasta que pruebe lo contrario. Es fácil comprobarlo con cada invasión y atropello de inmuebles, tanto urbanos como rurales. Los invasores plantan bandera, inventan a toda marcha chozas con materiales de desecho y a continuación exigen la comparecencia del “supuesto propietario” para que pruebe que es dueño del terreno reclamado por los “sin techo”, “sin tierra” y las etiquetas por el estilo que gustan esgrimir los alborotadores azuzados por políticos y abogados oportunistas.
A partir de allí se plantea el conflicto para cuya solución deben intervenir fiscales, jueces, policías y los infaltables
“dirigentes sociales” a la pesca de alguna tajada del terreno en litigio real o inventado. Todo al revés.
El Indert -organismo heredero del IBR y del antiguo IRA responsables de todo el estropicio en la titulación de tierras- hizo un intento de “censar” la propiedad rural. Apenas llegó a arañar el tema. El organismo no sabe hoy cuántas colonias tiene ni pudo ordenar sus registros. Su censo quedó inacabado en un aborto llamado SIRT que sirve para bien poco, casi nada, para delicia de funcionarios corruptos, abogados buitres y especuladores de tierras.
Todo, por supuesto, bajo la protección de políticos sinvergüenzas.
Y el corso sigue.
